Las entradas y registros ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las sedes de sociedades instrumentales han desvelado la existencia de documentación sensible que, según la investigación de la Audiencia Nacional, apuntaría a un canal de comunicación entre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y altos cargos vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

El levantamiento del secreto de sumario ha dejado al descubierto algunas de las pruebas documentales más comprometidas incorporadas a la causa. Los agentes intervinieron agendas, planes de negocio y papeles internos en sociedades como Softgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL, además de documentación localizada en Whathefav, la empresa de una de las hijas del expresidente del Gobierno.

La investigación no se limita a presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales o desvío de fondos relacionados con Plus Ultra. El sumario incorpora una línea de especial gravedad política: el supuesto uso de la situación de los presos políticos venezolanos y de determinadas gestiones humanitarias como instrumento de negociación para obtener ventajas económicas.

Según recoge el auto judicial, durante el registro del domicilio de Julio Martínez, señalado en la causa como persona de confianza de Zapatero, se localizaron documentos con planes de negocio, contactos venezolanos y referencias a decisiones estratégicas vinculadas a presos, así como a cuestiones como la repatriación de Edmundo González Urrutia.

Para los investigadores, esas anotaciones reflejarían que la situación de los detenidos por el régimen chavista no era un asunto ajeno a la red, sino un elemento integrado en sus operaciones de influencia. La tesis de la UDEF apunta a que la trama habría utilizado su capacidad de interlocución en España y ante instancias europeas para suavizar la presión sobre Caracas, mientras trataba de asegurarse contratos, beneficios financieros y participación en las denominadas cuotas de petróleo.

En el mismo inmueble donde se encontraron esas agendas, los agentes hallaron 286.000 euros en efectivo ocultos en distintos puntos, entre ellos un baño y varias bolsas de golf. También fue localizada una caja fuerte con piezas de alta joyería y diamantes valorados en cerca de un millón de euros, siempre según la documentación incorporada al procedimiento.

El caso adquiere una dimensión especialmente sensible por el contexto venezolano en el que se habrían producido esas gestiones. Mientras en España se investigan las presuntas maniobras económicas de la red, en Venezuela continúan pesando graves denuncias sobre el trato recibido por opositores, disidentes y presos políticos en centros de detención del régimen.

Uno de los símbolos de esa represión es El Helicoide, el enorme edificio de Caracas que pasó de ser concebido como una joya arquitectónica de la modernidad iberoamericana a convertirse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Sebin. El complejo, de más de 100.000 metros cuadrados, comenzó a construirse en 1956 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez como un ambicioso centro comercial diseñado por Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst.

El proyecto original preveía unas 300 tiendas y un sistema de rampas en espiral que permitiría a los vehículos circular por el interior del edificio y aparcar junto a los locales. Su diseño despertó tal interés internacional que una maqueta fue expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1961. Sin embargo, la quiebra de la constructora dejó las obras paralizadas ese mismo año.

Tras décadas de abandono, el Estado venezolano asumió el control del inmueble. En 1985, los servicios de inteligencia comenzaron a utilizar sus niveles inferiores y, con la llegada del chavismo, El Helicoide terminó consolidándose como uno de los principales centros de detención del aparato represivo venezolano.

Las protestas masivas de 2014 y 2017 marcaron un punto de inflexión. A partir de entonces, organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos documentaron denuncias de hacinamiento, aislamiento prolongado, extorsiones, descargas eléctricas, asfixias y torturas psicológicas contra opositores y detenidos por motivos políticos.

Informes como el elaborado durante el mandato de Michelle Bachelet al frente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recogieron patrones de abusos en centros de detención venezolanos. Frente a esas denuncias, el fiscal general chavista, Tarek William Saab, llegó a calificar los señalamientos internacionales como maniobras intervencionistas.

Pese al discurso oficial del régimen, los testimonios de antiguos presos han contribuido a romper el silencio sobre lo ocurrido dentro de El Helicoide. Uno de los casos más conocidos es el del periodista Víctor Navarro, detenido por el Sebin en 2018 cuando tenía 22 años.

Tras su liberación, Navarro impulsó Realidad Helicoide, un proyecto de realidad virtual que reconstruye las celdas del centro de detención y recopila más de una treintena de testimonios de exreclusos. Su objetivo, según explicó en Madrid durante un foro de la World Jurist Association, es impedir que las atrocidades denunciadas queden normalizadas o relegadas al olvido.

La investigación de la Audiencia Nacional sitúa ahora ese contexto de represión venezolana junto a las presuntas operaciones económicas del entorno de Zapatero. Las agendas intervenidas por la UDEF apuntan, según los investigadores, a que las gestiones sobre presos, repatriaciones y relaciones con altos cargos chavistas formaban parte de una estructura más amplia de intermediación política y financiera.

De confirmarse esa tesis, la causa no se limitaría a una trama de comisiones o negocios internacionales vinculados a Plus Ultra. El sumario abriría la puerta a una dimensión mucho más delicada: la posible conversión de la presión diplomática, los derechos humanos y la libertad de presos políticos en piezas de una negociación económica con el régimen de Maduro.