La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la estructura del PSOE habría sido utilizada para financiar y respaldar actividades vinculadas a la trama investigada por la Justicia, conocida como las cloacas de Ferraz. Una de las partes más relevantes del atestado se centra en las maniobras atribuidas a Leire Díez y a varios abogados para intentar desacreditar a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE en Andalucía.

Según el informe policial, los investigadores han localizado mensajes, grabaciones y documentación que apuntan a una estrategia dirigida contra la magistrada. El objetivo, según las expresiones recogidas por los agentes, no se limitaba al terreno judicial, sino que buscaba también su destrucción pública. En esas conversaciones se llegó a hablar de «exterminar socialmente» a Alaya.

La juez Mercedes Alaya tuvo un papel clave en causas que golpearon de lleno al socialismo andaluz. Además del caso de los ERE, también instruyó procedimientos como Isofotón o Aznalcóllar, todos ellos relacionados con etapas de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La UCO sitúa ahí uno de los motivos por los que la magistrada se convirtió en objetivo de la trama.

Los agentes han recuperado una cadena de comunicaciones entre Leire Díez y distintos letrados para obtener material que pudiera comprometer a la juez. La propia Díez habría grabado algunos de esos encuentros y habría informado de sus avances a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI hasta 2019.

En uno de los intercambios, Leire Díez trasladó a Fernández que no bastaba con lograr una «muerte procesal», sino también una «muerte social». En otro mensaje añadió que, con lo que ya sabía de Alaya, lo que menos necesitaba era conocer cuestiones jurídicas. La UCO interpreta esas conversaciones como parte de una maniobra orientada a favorecer el regreso de Fernández a la presidencia de la SEPI.

Uno de los episodios que más importancia concede la Guardia Civil se produjo en julio de 2024. Leire Díez contactó entonces con Covadonga San Pedro, empleada administrativa del PSOE, para pedirle dos billetes de tren con destino a Zaragoza. Tras recibir los datos de los viajeros, San Pedro confirmó en pocos minutos que la gestión estaba hecha, con llegada prevista a la capital aragonesa a las 19.00 horas y regreso a las 21.45.

Para la UCO, esa gestión no es un detalle menor. Los investigadores sostienen que demuestra la utilización de recursos del partido para facilitar desplazamientos relacionados con la actividad que ahora se investiga. En su informe, los agentes hablan de una «instrumentalización de la estructura del partido» para sufragar y dar apoyo logístico a la trama.

Después de aquella reunión en Zaragoza, Leire Díez informó a Vicente Fernández del resultado del encuentro. También comunicó los avances a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía e inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso ERE. Según los mensajes intervenidos, Díez explicó que la persona con la que se habían reunido estaba dispuesta a entregar documentación, aunque «cuesta un poco».

La investigación no circunscribe estos hechos a un episodio aislado. La Audiencia Nacional analiza una presunta red vinculada al PSOE y ha detectado al menos 39 reuniones entre Leire Díez, conocida como la fontanera socialista, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido e investigado en la causa.

Según el juez Santiago Pedraz, alrededor de la mitad de esos encuentros se habrían celebrado en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. La investigación apunta además a que el partido habría asumido gastos de transporte y alojamiento de personas relacionadas con la trama, con el fin de facilitar esas reuniones.

Entre las gestiones señaladas figura un viaje de regreso de Leire Díez tras reunirse con Cerdán en Ferraz el 26 de abril de 2024. Covadonga San Pedro habría tramitado y enviado por WhatsApp la reserva de un vuelo hacia su residencia habitual, cuyo coste, según la investigación, habría corrido a cargo del PSOE.

El auto judicial sostiene que operaciones similares se repitieron en distintas ocasiones y también pudieron afectar a otros investigados. Para esclarecer esos extremos, la UCO ha recopilado documentación sobre desplazamientos, hoteles y alquileres de vehículos gestionados desde el entorno del partido.

Los agentes consideran que ese conjunto de indicios evidencia que el PSOE no sólo habría servido de punto de encuentro para algunos de los implicados, sino que también habría sufragado y proporcionado soporte material a actividades presuntamente delictivas. El objetivo final de la trama, según la investigación, habría sido interferir o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno, al partido o al entorno más próximo de Pedro Sánchez.