La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre la gestión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un informe al que ha tenido acceso El Debate sostiene que varios contratos vinculados al desarrollo de la plataforma tecnológica de la cátedra se tramitaron presuntamente para «dotar de apariencia de legalidad» a adjudicaciones ya decididas previamente y realizadas «al margen del procedimiento establecido».

El informe policial analiza el desarrollo de la denominada Plataforma TRANSFORMA TSC, impulsada desde la cátedra dirigida por la esposa de Pedro Sánchez. Según la UCO, el proyecto supuso un coste directo para la Universidad Complutense de 108.765,79 euros, financiados en gran parte con fondos aportados por entidades colaboradoras.

Los agentes centran especialmente su atención en los contratos adjudicados a las compañías MAKING SCIENCE GROUP SA y DELOITTE CONSULTING SLU. En el caso de Deloitte, la Guardia Civil sostiene que se tramitaron «dos expedientes» que habrían servido únicamente como «mero marco administrativo» para justificar formalmente unos servicios que ya se estaban prestando con anterioridad.

La UCO señala además que la consultora habría comenzado sus trabajos antes incluso de la adjudicación oficial del primer contrato. El informe añade que los plazos reales de prestación de servicios no coincidían con los periodos fijados en los contratos y que tanto los requisitos técnicos como las condiciones económicas «se amoldaron a las condiciones predefinidas por DELOITTE y la Cátedra».

Los investigadores apuntan también a posibles irregularidades en el proceso de concurrencia. Según el dosier, existen indicios de que se solicitaron ofertas «de forma simulada» o bajo condiciones que limitaron la competencia del resto de licitadores y favorecieron directamente a Deloitte.

El informe considera especialmente relevante que la Universidad Complutense, como administración pública, estaba obligada a ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público en la adjudicación de servicios vinculados al desarrollo de la plataforma tecnológica.

La investigación sobre las actividades de la cátedra dirigida por Begoña Gómez se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Las pesquisas tratan de esclarecer si desde la estructura universitaria se utilizaron recursos públicos y colaboraciones empresariales para desarrollar herramientas con potencial aprovechamiento privado y comercial.