La cátedra universitaria que co-dirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid habría utilizado la contratación pública como una cobertura formal para favorecer a determinadas compañías, entre ellas Deloitte, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Español.
El documento, de más de 300 páginas, ya obra en poder del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado. En él, los agentes analizan la adjudicación de varios trabajos vinculados a la cátedra y apuntan a la existencia de irregularidades en la contratación de un software desarrollado para este proyecto universitario.
La UCO sostiene que Deloitte comenzó a prestar servicios antes de que se le adjudicara formalmente el primer contrato. Para los investigadores, esa circunstancia demostraría que la tramitación posterior no respondió a una verdadera concurrencia competitiva, sino a la necesidad de vestir administrativamente una decisión que ya estaría tomada de antemano.
En concreto, los agentes señalan dos expedientes distintos: primero, un contrato menor; después, un procedimiento abierto simplificado. Según el informe, ambos habrían servido como una estructura burocrática destinada a otorgar apariencia de legalidad a una adjudicación que, en la práctica, ya estaba orientada hacia la consultora.
El análisis policial va más allá y afirma que los requisitos incluidos tanto en la invitación a ofertar como en los pliegos se habrían adaptado a las condiciones previamente fijadas por Deloitte y por la propia cátedra. Entre esos elementos, la UCO incluye también el precio, lo que refuerza la tesis de una contratación diseñada a medida.
Los investigadores consideran, además, que la petición de ofertas a otras empresas pudo realizarse de forma simulada o en unas condiciones que dificultaban la competencia real. Esa dinámica, según la Guardia Civil, habría limitado la concurrencia de otros posibles licitadores y habría favorecido de forma directa a Deloitte.
El informe también detecta desajustes entre la ejecución efectiva de los trabajos y los plazos recogidos en los contratos. Dicho de otro modo, la prestación real de los servicios no habría coincidido con el calendario formal de los expedientes, lo que para la UCO confirma que la actividad empresarial y la contratación administrativa no avanzaron de forma paralela.
Estas conclusiones se incorporan a la investigación judicial abierta sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez Peinado propuso el pasado mes de abril que sea juzgada por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Uno de los puntos centrales de la causa gira precisamente en torno al software vinculado a la cátedra. Según la investigación, una herramienta digital muy similar a la elaborada para la Universidad Complutense por Deloitte y otras empresas terminó apareciendo en una página web propiedad de Gómez, donde se ofrecía de forma gratuita.
Para la Guardia Civil, la secuencia de los hechos revela que la adjudicación a Deloitte no habría sido fruto de un proceso ordinario, sino de una contratación preparada previamente y con apariencia de legalidad. La UCO concluye que existieron «discordancias» entre lo que recogían los contratos y lo que realmente se ejecutó, así como indicios de que los expedientes se articularon para beneficiar a la consultora.
