La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe que apunta a las presiones ejercidas por el entonces director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, sobre los agentes que investigaban los casos del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y del exministro José Luis Ábalos. El documento, recibido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, refuerza las sospechas de que el antiguo responsable policial trató de condicionar las investigaciones que afectaban al Ejecutivo para evitar perjuicios al Gobierno.

Según publica Artículo 14, el informe se enmarca en las informaciones reservadas que Llamas ordenó abrir dentro de la Guardia Civil para averiguar el origen de varias filtraciones a la prensa relacionadas con ambas causas judiciales. Entre ellas figuraban la difusión de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que había intercambiado mensajes con David Sánchez, y la publicación por parte de El Mundo de conversaciones de WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez.

El ex DAO, que se encuentra investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, habría utilizado estos expedientes internos para generar un clima de intimidación entre los investigadores, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. La sospecha es que pretendía que los agentes redujeran la intensidad de sus pesquisas y evitaran actuaciones que pudieran comprometer al Ejecutivo.

Para ello, Llamas convocó a los responsables de las investigaciones, el coronel Antonio Balas y Rafael Yuste. Según los testimonios recogidos, durante el encuentro les reprochó que estuvieran siendo utilizados como un «ariete» contra el Gobierno y les acusó de actuar con «deslealtad» por no comunicar a sus superiores los avances de las investigaciones.

Además, les habría instado a que se «pusieran de perfil» y dejaran de ser «proactivos» en las actuaciones judiciales que afectaban al entorno de Sánchez. El antiguo responsable de la Guardia Civil negó estas afirmaciones durante su declaración ante Pedraz.

Las iniciativas de Llamas provocaron también el rechazo de los jueces que instruían las dos causas. Los mandos de la UCO ya habían advertido de que la apertura de informaciones reservadas no sería del agrado de los magistrados, una previsión que terminó cumpliéndose.

La jueza Beatriz Biedma, instructora del procedimiento contra David Sánchez, se opuso a que los investigadores facilitaran a sus superiores información sobre el material incautado en la causa para esclarecer las filtraciones. Consideró que esa exigencia constituía una «injerencia» en sus competencias jurisdiccionales, al entender que afectaba a sus atribuciones como responsable de la instrucción.

También reaccionó el juez Leopoldo Puente, encargado del caso Ábalos. El magistrado trasladó de forma tajante a un mando de la UCO que no autorizaba la apertura de una información reservada y advirtió de que, si se llevaba a cabo, abriría diligencias tanto contra el testigo como contra quien hubiera ordenado el expediente.