El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, reconoció ante el juez Santiago Pedraz que durante 2025 se abrieron cuatro expedientes disciplinarios contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por infracciones muy graves. Según publica este domingo El Independiente, la documentación aportada por su defensa acredita la existencia de los procedimientos, aunque no precisa qué agentes fueron afectados ni si alguno participaba en investigaciones relacionadas con el PSOE.
El reconocimiento figura en un conjunto de 121 páginas entregadas al magistrado por la defensa de Llamas, investigado en la causa. Entre los documentos incorporados se encuentra un certificado oficial de la Dirección General de la Guardia Civil que confirma que el año pasado se incoaron cuatro expedientes disciplinarios contra miembros de la unidad.
El certificado, fechado el 22 de julio de 2026, responde a una solicitud de acceso a la información pública presentada a través del Portal de Transparencia del Ministerio del Interior. El documento fue emitido por el general de división jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General del instituto armado.
Durante su declaración ante Pedraz, Llamas explicó que los procedimientos no estuvieron precedidos de una información reservada porque, según su versión, «los hechos estaban claros». La defensa ha utilizado esta explicación para respaldar su argumentación sobre el funcionamiento de los mecanismos internos de control de la Guardia Civil.
La distinción entre ambos procedimientos resulta relevante. Una información reservada constituye una actuación previa para esclarecer unos hechos y determinar si existen indicios de posibles responsabilidades. El expediente disciplinario, por su parte, permite tramitar formalmente esas responsabilidades cuando existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento. Por tanto, la ausencia de una información reservada previa no implica necesariamente que no haya existido una actuación interna.
La defensa también ha aportado documentación sobre otras actuaciones ajenas a la UCO. Además, el escrito incluye referencias a 58 informaciones reservadas de toda la Guardia Civil que, durante un periodo de dos años, terminaron en infracciones muy graves. La defensa sostiene que estos datos permiten contextualizar el uso de estos mecanismos y argumenta que no constituyen actuaciones excepcionales dentro del cuerpo.
Sin embargo, la documentación sobre los cuatro expedientes de 2025 no identifica a los agentes afectados, no concreta las conductas que motivaron cada procedimiento ni detalla sus resultados. Tampoco aclara si alguno de ellos trabajaba en investigaciones judiciales sobre el entorno del Gobierno o del PSOE, una cuestión que permanece pendiente de esclarecer.
El juez Pedraz solicitó el pasado 6 de octubre información adicional a la Guardia Civil. En concreto, quiere conocer qué mando acordó la apertura de cada expediente, las fechas de inicio, las faltas o delitos atribuidos y si los hechos guardaban relación con investigaciones judiciales en las que los agentes actuaran como policía judicial.
La respuesta del instituto armado permitirá determinar con mayor precisión las circunstancias de los procedimientos y su posible relación con las investigaciones en curso. Por ahora, el certificado oficial confirma la apertura de los cuatro expedientes, pero no permite establecer si existió alguna conexión con las pesquisas sobre el PSOE.
