La UCO ha detectado ya 68 millones en ampliaciones de contratos de Adif y sospecha que detrás de esas modificaciones puedan esconderse comisiones ilegales ligadas a una o varias redes de corrupción política, según ha adelantado Libertad Digital.

Las pesquisas se centran en un patrón que ha levantado sospechas entre los investigadores: adjudicatarias que reciben puntuaciones técnicas desproporcionadamente altas frente al resto de competidores, incluidas firmas con experiencia reconocida en el sector. Estas valoraciones, que se realizan en base a criterios que admiten cierta discrecionalidad, se repiten en varias licitaciones, lo que lleva a la Guardia Civil a plantear la posibilidad de que existan no una, sino varias estructuras paralelas de influencia que operaban en competencia entre sí.

La idea de distintas «ganaderías», como se denominaban en los mensajes intervenidos a estas presuntas redes de poder, gana fuerza. Algunas empresas habrían sido apadrinadas por figuras relevantes del PSOE, mientras otras contarían con el respaldo de diferentes grupos de presión internos. En ese contexto, incluso cuando dos empresas afines coincidían como licitadoras, el sistema garantizaba que al menos una de ellas obtuviera la mejor puntuación técnica, de modo que la adjudicación dependiera únicamente del precio ofertado.

Un ejemplo de esta dinámica se observa en la obra de integración ferroviaria en San Felíu de Llobregat​ (Barcelona), uno de los contratos más voluminosos bajo la lupa de la UCO: 83,2 millones de euros iniciales y una ampliación posterior de 12,4 millones. Acciona y otra empresa rival fueron las mejor valoradas con una diferencia abismal respecto al resto: la primera obtuvo 39,24 puntos sobre 40 y la segunda 39,21. A partir de ahí, el resto cayó en picado —la tercera apenas superó los 36 puntos y la cuarta quedó en 32—. La sospecha es clara: la puntuación subjetiva ya habría sido «orientada», asegurando que, ganara quien ganara entre las dos, una de las «elegidas» obtendría el contrato.

Este mecanismo conecta con otras revelaciones recientes. En las conversaciones interceptadas, Koldo García —exasesor de José Luis Ábalos— y otros implicados como Santos Cerdán o José Blanco se acusaban mutuamente de introducir sus propias empresas «protegidas» en el reparto de adjudicaciones. Cerdán habría incluso compensado con 15.000 euros a una empresa afín que quedó fuera de un proyecto, supuestamente por maniobras internas que alteraron el orden previsto.

En el lenguaje en clave que aparece en los chats analizados por la UCO, se habla de dejar «heridos inocentes fuera del baile» cuando las adjudicaciones no favorecían a quienes habían realizado pagos o favores por adelantado. La «ganadería», término utilizado para aludir al PSOE según los investigadores, sería el eje alrededor del cual giraban estos compromisos. El conflicto surgía cuando las decisiones se tomaban «a espaldas del partido», es decir, sin conocimiento o sin participación de la estructura formal del mismo.

El informe de la UCO apunta también a la posibilidad de que se estuvieran produciendo pagos destinados a la financiación ilegal del partido o de determinados dirigentes. Cita como indicios el intento de Santos Cerdán de ser contratado por la tecnológica Indra para donar parte de su salario al PSOE, la exigencia de una «aportación económica» por parte de la dirección financiera del partido a un empresario, y el hecho de que Koldo recibiera reproches no por lo que recaudó para el partido, sino por lo que habría cobrado por su cuenta.

La teoría que se dibuja es la de una estructura dual: una parte de los pagos se dirigiría, supuestamente, a financiar actividades del PSOE, mientras otra iría a bolsillos individuales, fuera de control del partido. Esta división habría generado tensiones internas que terminaron con la salida de Koldo y Ábalos del primer plano político en el verano de 2021.