Los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la presunta trama de amaños en contratos de obras públicas, enmarcados en el conocido como caso Koldo, han permitido a los investigadores incautar una abrumadora cantidad de documentación y material informático que podría ser clave para esclarecer el alcance de la red.
Entre los hallazgos más llamativos figura un pendrive azul con la marca oficial del Gobierno de Cantabria y su Consejería de Obras Públicas y Vivienda, nombre del departamento que fue cambiado en 2023, por lo que sería de etapas anteriores, en las que la región estuvo gobernada por PRC y PSOE. El dispositivo fue localizado en Valencia, en la vivienda del constructor José Ruz, considerado un actor con vínculos relevantes en la trama. Según detalla la UCO, Ruz habría mantenido encuentros con varios de los principales investigados, entre ellos Koldo García, Víctor de Aldama y el exministro José Luis Ábalos, y habría informado al entorno de este último sobre el resultado de dichas reuniones.
En el domicilio de Ábalos, situado en la capital valenciana, los agentes intervinieron 34 soportes electrónicos, muchos de ellos etiquetados con logotipos institucionales y corporativos: desde el Congreso de los Diputados y el PSOE, hasta entidades como la Generalidad Valenciana, Ecoembes o la constructora Etosa. Uno de los USB contenía la frase “Por ser niña”.
Los dispositivos y archivos recuperados en los distintos registros, realizados entre los días 10 y 11 de junio en comunidades como Madrid, Andalucía, Navarra, Castilla-La Mancha y el País Vasco, incluyen, entre otros elementos, un esquema con referencias a Ábalos, una reserva a su nombre en el Hostal Mediterránea y documentos relativos a adjudicaciones públicas anteriores.
Durante la operación, la UCO también registró el domicilio de Antxón Alonso Egurrola, directivo de la empresa Servinabar. En su garaje, los agentes hallaron más de 16.000 euros en metálico, distribuidos en billetes de diversas denominaciones. El efectivo se encontraba oculto dentro de mochilas y envuelto en bolsas de tipo ZIP. Posteriormente, la suma fue depositada en una cuenta judicial bajo custodia del Tribunal Supremo.
La redada incluyó también registros en las oficinas centrales de varias compañías presuntamente implicadas, como OPR, Servinabar y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), donde se requisaron tanto documentos físicos como respaldos digitales, incluyendo el acceso a correos electrónicos personales y corporativos. Uno de los buzones intervenidos pertenece al propio Ábalos, cuya figura permanece en el epicentro de las pesquisas.
