La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en Asturias como uno de los escenarios determinantes dentro de una presunta red de cobro de comisiones ilegales que investiga la Audiencia Nacional. En el centro de las pesquisas se encuentra un contrato público de 2,8 millones de euros adjudicado para la demolición y retirada de las antiguas baterías de coque de Avilés, ubicadas en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA).
La adjudicación, formalizada a finales de 2021, recayó en una unión temporal de empresas integrada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente. Según el sumario, este contrato habría servido como vehículo para el pago de una comisión de 400.000 euros, presuntamente destinada a un grupo formado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Los investigadores consideran que los tres implicados habrían tenido capacidad para intervenir en el proceso de adjudicación aprovechando su influencia sobre la mesa de contratación. A cambio, la empresa beneficiaria habría realizado distintos movimientos económicos con el objetivo de retribuir esa mediación y, al mismo tiempo, dificultar el rastreo del origen de los fondos.
El juez instructor sostiene que el dinero se habría canalizado mediante operaciones diseñadas para fragmentar y ocultar la comisión, una práctica habitual en este tipo de tramas, según la UCO. La investigación trata ahora de reconstruir el recorrido exacto de los pagos y determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.
El contrato del PEPA no es un caso aislado. Forma parte de un conjunto de cinco adjudicaciones bajo sospecha que están siendo analizadas por la Guardia Civil en una causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. El procedimiento permanece bajo secreto de sumario.
En total, los investigadores intentan esclarecer si entre los años 2021 y 2023 el grupo investigado pudo repartirse hasta 750.000 euros en comisiones a cambio de facilitar contratos públicos y ayudas vinculadas a empresas relacionadas directa o indirectamente con el entorno de la SEPI. La pieza asturiana se perfila así como uno de los elementos clave para entender el funcionamiento global de la presunta trama.
