La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la trama vinculada a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán en las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, una infraestructura que acumula retrasos, sobrecostes y paralizaciones después de que el Ministerio de Transportes haya elevado su presupuesto desde los 86,4 millones de euros iniciales hasta una cifra cercana a los 137 millones de euros.

El proyecto, adjudicado durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, figura entre los contratos públicos examinados por los investigadores de la Guardia Civil por las sospechas de adjudicaciones irregulares a cambio de contraprestaciones económicas. La obra quedó paralizada en 2026 después de que la unión temporal de empresas encabezada por Acciona solicitara la rescisión del contrato ante las discrepancias económicas y técnicas con el departamento que dirige Óscar Puente.

La actuación fue adjudicada en 2021 por 86.392.616 euros, impuestos incluidos, a una unión temporal de empresas formada por Acciona, Tecade y Freyssinet. Su objetivo era sustituir los tirantes del puente y ampliar su capacidad de circulación, pero los trabajos, que inicialmente debían finalizar en 2023, han sufrido sucesivos retrasos y revisiones presupuestarias.

En junio de 2023, cuando Raquel Sánchez todavía encabezaba el Ministerio de Transportes, el Gobierno aprobó una primera modificación contractual que incorporó otros 16,43 millones de euros, elevando el importe de la adjudicación hasta aproximadamente 102,82 millones.

Posteriormente, el presupuesto de la actuación continuó aumentando. En marzo de 2025, el propio Ejecutivo reconoció en una respuesta parlamentaria que el presupuesto total vigente ascendía a 128,74 millones de euros. Informaciones publicadas en 2026 situaron el coste acumulado del proyecto en torno a los 137 millones, más de 50 millones por encima de la adjudicación original. Estas cifras presupuestarias no equivalen necesariamente al dinero efectivamente abonado a la constructora.

La UCO calcula que la empresa vinculada a Cerdán pudo cobrar 1,8 millones por la obra

Uno de los principales elementos de la investigación afecta a Servinabar, la sociedad navarra presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según un informe de la Guardia Civil conocido en noviembre de 2025, Servinabar pudo percibir alrededor de 1,8 millones de euros por las obras del Puente del Centenario. Los investigadores consideran que la empresa obtenía ingresos procedentes de contratos de Acciona mediante acuerdos que le permitían recibir aproximadamente el 2% del importe de determinadas adjudicaciones.

La UCO sitúa las relaciones entre Acciona y Servinabar entre los principales elementos de la investigación patrimonial del antiguo número tres socialista y analiza si esas operaciones estaban relacionadas con el supuesto favorecimiento de determinadas empresas en concursos públicos.

A estas cantidades se añaden las conversaciones incorporadas a la causa judicial en las que aparecen Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y Santos Cerdán. En ellas se habla de distintas adjudicaciones y de cantidades económicas que, según la interpretación de los investigadores, corresponderían a posibles comisiones ilegales.

La Guardia Civil ha identificado 620.000 euros en presuntas contraprestaciones económicas vinculadas a contratos de Acciona, mientras que otros 450.000 euros habrían quedado pendientes de cobro, según las reclamaciones recogidas en las grabaciones.

Esta última cantidad no se atribuye exclusivamente al Puente del Centenario, sino a tres adjudicaciones relacionadas con obras en Sevilla, Logroño y Cataluña. Tampoco consta acreditado que esos 450.000 euros llegaran a pagarse.

El interés de Santos Cerdán por la adjudicación sevillana aparece expresamente reflejado en los audios analizados por los investigadores. En una conversación de abril de 2019, Koldo García trasladó a Ábalos la insistencia del dirigente socialista para que avanzara la tramitación de la obra, hasta el punto de describir aquella presión como una auténtica obsesión.

Hacienda detectó irregularidades y una sobrevaloración millonaria del acero

Las sospechas sobre la adjudicación también han sido acompañadas de reparos administrativos relacionados con las modificaciones del contrato.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, examinó once contratos públicos relacionados con la investigación de la trama de Ábalos y Cerdán, entre ellos las actuaciones del Puente del Centenario.

En el caso de Sevilla, los interventores detectaron una sobreestimación del precio del acero superior a cinco millones de euros dentro de una de las revisiones económicas del proyecto.

El informe cuestionó determinados aspectos de las modificaciones contractuales y su adecuación a la normativa de contratación pública, al considerar que algunos cambios habían provocado incrementos significativos del coste inicialmente adjudicado.

Estos hallazgos añaden un nuevo elemento de controversia a una actuación que ya figuraba en las investigaciones policiales sobre el presunto reparto de contratos públicos. No obstante, los sobrecostes administrativos y las cantidades que la UCO vincula a posibles comisiones constituyen conceptos distintos y no pueden equipararse automáticamente.

Acciona solicitó abandonar la obra después de años de retrasos

El último episodio de esta controversia se produjo en abril de 2026, cuando la unión temporal de empresas responsable del proyecto solicitó formalmente al Ministerio de Transportes la resolución del contrato.

La decisión llegó después de que el departamento dirigido por Óscar Puente rechazara una segunda modificación presupuestaria, valorada en aproximadamente 17 millones de euros, que las constructoras consideraban necesaria para completar los trabajos.

Las discrepancias entre ambas partes provocaron la paralización de las actuaciones. Según informó Canal Sur, las grúas llevaban más de dos meses sin actividad y no había operarios trabajando en la plataforma de ampliación cuando trascendió la solicitud de rescisión.

La primera revisión contractual había incrementado el precio un 19,02%, mientras que la segunda modificación propuesta suponía otro aumento cercano al 20%. Las empresas consideraban que la acumulación de estos incrementos les permitía solicitar la resolución del contrato conforme a la legislación de contratación pública.

Transportes, por su parte, rechazó las nuevas condiciones económicas y comenzó a preparar otra licitación para completar las actuaciones pendientes.

El conflicto dejó en el aire la conclusión de una infraestructura especialmente importante para la circulación en Sevilla, donde el Puente del Centenario soporta diariamente un tráfico superior a los 100.000 vehículos.