Una libreta de tapas blandas de color marrón fue incautada por la Guardia Civil durante un registro reciente en la vivienda de la ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, situada en Santiago de Compostela. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) anotaron el hallazgo en sus actas oficiales, señalando que el contenido del cuaderno, a simple vista, podría estar relacionado con la investigación en curso, según avanza El Confidencial.

Según fuentes próximas al caso, los apuntes escritos a mano aludían a la concesión de contratos, y el cuaderno se hallaba en la estancia principal del domicilio, junto a otros documentos que también fueron requisados. Entre ese material destacaba un expediente relativo a la adjudicación, por vía de emergencia, de un contrato de suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, sociedad asociada al presunto intermediario de la red, Víctor de Aldama. Esta adjudicación habría supuesto la adquisición de cinco millones de unidades de material sanitario en plena pandemia.

El dispositivo se enmarcó en una pieza separada, inicialmente bajo secreto de sumario, dentro de la macrocausa que indaga sobre la presunta red de corrupción conocida como la trama Koldo. Esta línea de investigación pretende esclarecer el papel que Pardo de Vera pudo haber desempeñado, en coordinación con otros altos cargos, en la manipulación de contratos públicos a cambio de sobornos o favores.

Mientras los agentes inspeccionaban la vivienda gallega, Pardo de Vera se encontraba en Madrid, en un segundo inmueble que también fue objeto de registro. En este lugar se incautaron dos teléfonos móviles, un ordenador portátil, varios dispositivos de almacenamiento masivo y una copia completa de su cuenta de iCloud Drive. Además, con la autorización de su esposo, presente en el domicilio compostelano, se accedió a su correo electrónico, conversaciones de WhatsApp y a su nube personal.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso, atribuye a la exdirectiva ferroviaria presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Los indicios recabados por la UCO a partir de escuchas telefónicas y mensajes intervenidos apuntan a que Pardo de Vera habría facilitado, bajo indicaciones de Koldo García, la adjudicación de contratos a empresas favorecidas por la red.

Dos de esos contratos ya han sido concretamente identificados: uno de ellos, de 71,5 millones de euros, fue concedido a Acciona para obras de integración ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona); el otro, valorado en algo más de 590.000 euros, se adjudicó a Levantina Ingeniería y Construcción SL (LIC) para actuaciones de urgencia en la línea 750 del ancho métrico entre Gijón y Pravia, en Asturias. Según los autos judiciales, tanto Pardo de Vera como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, fueron piezas clave para ejecutar las decisiones de la red, cada uno desde su área de competencia.

Los registros no se limitaron a las propiedades de la expresidenta de ADIF. La UCO también llevó a cabo actuaciones en los domicilios de Javier Herrero, donde se encontraron 4.750 euros en efectivo, además de varios dispositivos electrónicos y memorias USB. Los investigadores realizaron una extracción selectiva de información contenida en sus ordenadores y se descargaron por completo dos cuentas de correo electrónico bajo sospecha.

En la documentación intervenida en el domicilio compostelano, la libreta marrón fue etiquetada como “Pieza número 1” y precintada por contener anotaciones manuscritas relevantes. A diferencia de lo encontrado en el salón, en el despacho de la vivienda no se halló material de interés. Paralelamente, el juez ha solicitado al Ministerio de Transportes y a ADIF que entreguen una serie de expedientes cuya tramitación ha sido puesta en duda.