La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargó este jueves contra la presunta trama impulsada en la etapa de su antecesor, Cristóbal Montoro, para beneficiar a las gasistas porque, dijo, “el PP defiende siempre los intereses de unos pocos”. Sin embargo, su discurso no alcanzó a todos los investigados.

El subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, sigue en su puesto dentro del Ministerio a pesar de figurar como uno de los diez altos cargos investigados en esta causa. Fuentes de Hacienda confirman que no se ha tomado ninguna medida contra este veterano funcionario, que ocupa el cargo desde 2011 y ha trabajado con diferentes secretarios de Estado de distintos signos políticos sin que su labor haya sido cuestionada hasta ahora.

Del Amo es el único de los cargos públicos investigados junto a Montoro que permanece en activo en el Ministerio. Según el auto del juez Rubén Rus, que instruye el caso sobre la relación del Ministerio con la consultora Equipo Económico —fundada por el propio Montoro—, Del Amo está investigado por los mismos presuntos delitos que el resto.

El magistrado sostiene que Del Amo “habría participado activamente en los hechos investigados”, al ocupar “uno de los cargos decisivos para que los textos de los anteproyectos de Ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas, como evidencian los correos intervenidos en la causa”.

Según el juez, esos correos “revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas”. Pero poco después, tras la intervención de la consultora Equipo Económico, “se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida”.

El auto añade que Del Amo “no sólo recibió de las gasistas las redacciones del texto legal a reformar, sino que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos, lo que permitiría concluir no sólo que dicha redacción del texto fue consensuada sino también que sería impuesta por los pagadores del despacho, en abuso grave del ejercicio de su función pública”.

En el Ministerio justifican que es normal reunirse con empresas del sector. A pesar de las sospechas, no se ha cesado a Del Amo ni se ha abierto ninguna investigación interna sobre su papel en la trama. Tampoco se ha apartado del cargo al jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, quien también reconoció contactos con la red de Koldo García.