La inspectora que denunció por violación al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional ha solicitado explicaciones al Ministerio del Interior tras conocer el nuevo destino asignado a uno de los mandos mencionados en su querella. La agente, según su entorno, ha recibido con «estupefacción» la recolocación del comisario Óscar San Juan en la Comisaría General de Policía Científica, después de que su nombre apareciera vinculado en la denuncia a presuntas coacciones, detalla The Objective.

El letrado de la inspectora, Jorge Piedrafita, ha trasladado formalmente esa petición al departamento que dirige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el que mantenía un canal de comunicación abierto. La denunciante quiere saber en qué condiciones se ha producido el nombramiento y si responde a un sistema de libre designación o a un procedimiento baremado. Subraya, además, que se trata de un mando que desempeñó funciones de asesor del exDAO y que, pese a figurar en la querella, no está siendo investigado.

El comisario fue cesado como asesor un día después de la dimisión del número dos de la Policía Nacional. Ahora asumirá la jefatura de la Brigada de Coordinación Operativa de la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica, dentro de la Comisaría General de Policía Científica. Fuentes policiales indican que, como comisario en activo, debía ser adscrito a un destino. El puesto le situará como número tres del área y con responsabilidad en la supervisión de investigaciones e informes técnicos.

La decisión ha generado malestar en sectores del cuerpo. Organizaciones sindicales cuestionan que no se haya incoado expediente disciplinario tras su cese, pese a que el reglamento contempla la apertura de una información previa ante cualquier sospecha y la adopción de medidas cautelares mientras se analizan los hechos.

En su querella, la inspectora sostiene que, entre abril del año pasado —cuando sitúa la presunta agresión sexual— y julio, fecha en la que presentó la denuncia, recibió presiones para que no acudiera a la Justicia. Afirma que esas actuaciones partieron tanto del querellado como de otros mandos, entre ellos el comisario ahora recolocado, quien la habría contactado en cinco ocasiones y le habría ofrecido un puesto para evitar que el asunto trascendiera. Las comunicaciones cesaron cuando solicitó la baja laboral en julio.

El exDAO deberá declarar el próximo 17 de marzo ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Está investigado por agresión sexual con penetración a subordinada, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, delitos que podrían conllevar hasta 24 años de prisión y que incluyen el agravante de abuso de autoridad.

La denunciante aportó, entre otros elementos, un audio de más de 40 minutos en el que rechaza hasta en tres ocasiones mantener relaciones sexuales. También sostiene que el entonces número dos de la Policía utilizó recursos materiales y humanos del cuerpo para mantener el contacto.

El nuevo destino del comisario ha supuesto, según su entorno, un duro golpe para la inspectora, que ya había denunciado que la Policía no activó el protocolo interno previsto tras su baja laboral. Según fuentes policiales, debía haber sido evaluada por un equipo especializado en un plazo máximo de cinco semanas, trámite que no llegó a producirse.