Las administraciones públicas españolas, en manos del PP y del PSOE, destinaron más de 4.550 millones de euros a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2025, según los datos oficiales del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta cifra, la más elevada de los últimos quince años, supone un incremento de unos 529 millones respecto a 2024 y equivale al coste de adquirir aproximadamente 91 aviones Canadair de extinción de incendios, cuyo precio unitario se sitúa en torno a los 50 millones de euros.
El grueso de la partida —alrededor del 90-95 %— correspondió a la Administración General del Estado, controlada por el Gobierno del PSOE, mientras que el resto procedió de comunidades autónomas y entidades locales, muchas de ellas gobernadas por el PP. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) gestionó más de 610 millones, la cantidad más alta desde 2011.
Mientras tanto, el coste de un Canadair (CL-415 o el modelo actualizado DHC-515) ronda los 50 millones de euros por unidad, según contratos recientes como el de Grecia, que aprobó la compra de siete aparatos por 361 millones de euros. Con los 4.550 millones dedicados a la «ayuda» exterior se podrían haber adquirido decenas de estos hidroaviones anfibios, esenciales para combatir los incendios forestales que cada verano arrasan miles de hectáreas en España.
España ya ha comprometido la compra de siete DHC-515 dentro de un programa europeo conjunto, con entregas previstas a partir de 2028. Sin embargo, la magnitud del gasto en cooperación internacional contrasta con la limitada capacidad actual de la flota nacional y con el hecho de que el país lidera la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, según Eurostat.
Los presupuestos públicos son, en última instancia, una decisión política. Los más de 4.550 millones desembolsados en 2025 en AOD —que incluyen contribuciones multilaterales, proyectos bilaterales y ayuda humanitaria— podrían haberse reorientado, total o parcialmente, hacia la modernización y ampliación de los medios aéreos de extinción. El cálculo es sencillo: cada Canadair no modernizado cuesta unos 50 millones de euros. La prioridad elegida por las administraciones del PP y del PSOE fue otra.
