El PSOE apoyó este martes la tramitación en el Congreso de una proposición de ley la extrema izquierda y los separatistas que da un paso más en el proceso de disolución de la nación española: la ley de «plurilingüismo».

La norma tendría un impacto sobre la Administración de Justicia, con la limitación práctica del acceso a plazas judiciales y fiscales en territorios con lengua cooficial si no se acredita el idioma; el incremento del coste por necesidad de traductores, formación lingüística y adaptación de sistemas; la judicialización en lenguas cooficiales incluso en órganos estatales (Audiencia Nacional, Supremo) cuando las partes lo soliciten; el riesgo de fragmentación procesal por coexistencia de procedimientos y comunicaciones en múltiples lenguas; y la reestructuración de oposiciones incluyendo pruebas obligatorias y eliminatorias de lengua y Derecho Civil propio. En términos operativos, sería la mayor reforma lingüística del Poder Judicial desde 1978.

Además, el Estado estaría obligado a operar en cinco lenguas; en español, catalán, gallego, euskera y aranés (por su estatus en Cataluña). Afectaría a formularios, sedes electrónicas, procedimientos digitales, atención ciudadana y notificaciones. Supondría una reorganización tecnológica y logística completa del Estado.

Impondría la lengua cooficial como criterio obligatorio en contratación pública. Las empresas que quieran contratar con la administración autonómica o estatal deberían acreditar capacidad operativa en la lengua cooficial; los pliegos obligarían a incluir criterios lingüísticos y planes de cumplimiento; y habría una posible barrera de entrada para empresas pequeñas de otras regiones.

La ley impondría obligaciones lingüísticas para policías y Guardia Civil: deberían respetar la opción lingüística de los ciudadanos. Se necesitaría formación, protocolos bilingües y operativos en comisarías y cuarteles.

También cambios en consumo y mercado: en contratos, garantías, información sobre productos y comunicaciones deberán estar disponibles en lenguas cooficiales. Las CCAA podrían exigir etiquetado bilingüe obligatorio para productos comercializados en su territorio. Esto impactaría directamente en la distribución, el comercio minorista y la industria alimentaria.

Si finalmente sale adelante esta ley, toda señalización en comunidades con lengua cooficial deberá estar en ese idioma, con el español como adicional sólo si se justifica. Las radios musicales deberán emitir un mínimo del 15% en lenguas cooficiales (5% mínimo cada una); plataformas y TV deberán ampliar contenidos doblados/subtitulados; y RTVE deberá equilibrar su inversión entre lenguas.

El catalán, euskera o gallego pasan a ser lenguas vehiculares preferentes, consolidando el modelo inmersivo autonómico. La ley supondría un gran coste económico y administrativo. Exige adaptación normativa en 1 año; dotación económica específica; y cambios en BOE, sistema judicial, AGE, plataformas digitales… Supone, por tanto, un coste estructural elevado, permanente y transversal.

Rechazo frontal de VOX: «Es una auténtica aberración»

El diputado de VOX Jorge Campos aseveró que es una proposición de ley orgánica «para acabar con el español como lengua oficial y común de todos los españoles». «Hay que tener poca vergüenza para que aquellos que llevan décadas pisoteando los derechos y las libertades de los hispanohablantes en los territorios bilingües vengan aquí a hablar de garantizar derechos lingüísticos», dijo. Para el partido liderado por Santiago Abascal, esta norma es «una auténtica aberración».

Los mismos que hablan del pluralismo, señaló, «son los que multan a los comercios por rotular en español, los que imponen requisitos lingüísticos excluyentes para acceder a la función pública, incluso a los médicos, son los que discriminan a las familias que quieren estudiar en español. Son ustedes los agresores». «Son ustedes unos farsantes que sólo nos han traído división, degradación cultural y educativa y odio», concluyó.