Las consejerías gestionadas por VOX en los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, dirigidas por los vicepresidentes autonómicos Alejandro Nolasco, Carlos Pollán y Óscar Fernández, han decidido no asistir a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este martes, 1 de julio, como gesto de denuncia ante una nueva imposición del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados (menas).

Las tres consejerías critican que el Ejecutivo central vuelve a actuar de manera unilateral, imponiendo unos criterios de distribución que consideran arbitrarios, opacos y completamente alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día figura la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026. Para las consejerías de VOX, esta nueva asignación de fondos no es más que «un nuevo intento de financiar la estafa del Gobierno de Sánchez en materia migratoria», una política que no hace otra cosa que fomentar el efecto llamada y seguir perjudicando a un sistema que ya se encuentra al límite de su capacidad.

Rechazo frontal al nuevo real decreto impuesto por Sánchez

Las consejerías de VOX también rechazan la forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al real decreto con el que el Ejecutivo pretende actualizar el reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas, al considerar que «responde exclusivamente a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio».

Las tres consejerías advierten de que los sistemas de protección de Aragón, Castilla y León y Extremadura se encuentran ya al límite de su capacidad y denuncian que cualquier incremento impuesto por el Gobierno constituye «una nueva maniobra política de Pedro Sánchez, ajena por completo a la realidad que viven las comunidades autónomas».

Por todo ello, anuncian que pondrán en marcha todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una oposición frontal a esta decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez, defender las competencias de las regiones y exigir una política migratoria «basada en el control de las fronteras y en el cumplimiento de los acuerdos de gobierno».

Las consejerías de VOX reiteran, además, que no participarán en órganos cuyo único objetivo sea legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno que «contribuyen a fomentar el efecto llamada, el tráfico de personas y la saturación de los servicios de protección en todo el territorio nacional».