La ofensiva de VOX contra la aplicación fraudulenta de la «ley de nietos» acumula ya recursos, iniciativas parlamentarias y escritos ante Justicia y la Junta Electoral Central. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, el partido de Santiago Abascal ha desplegado una ofensiva política, parlamentaria y judicial para impedir lo que considera una alteración del censo electoral mediante la concesión masiva de nacionalidades españolas.
La última actuación se ha producido este martes con la presentación de dos escritos ante la Junta Electoral Central. En ellos, VOX solicita auditar y suspender las inscripciones masivas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), revisar los contratos de externalización de la tramitación de expedientes —entre ellos los adjudicados a NEORIS y a la empresa estatal cubana PALCO— y prohibir el voto por correo desde el extranjero mientras no existan garantías suficientes sobre la identidad del elector y la custodia del sufragio.
La estrategia del partido comenzó tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática el 21 de octubre de 2022. La disposición adicional octava de la norma abrió el acceso a la nacionalidad española para hijos y nietos de españoles que la perdieron por causa del exilio.
Apenas cuatro días después, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción que amplió el alcance de esa disposición. VOX sostiene que ese documento extendió el acceso a la nacionalidad más allá de lo aprobado por las Cortes Generales y convirtió una excepción legal en un procedimiento mucho más amplio.
Como respuesta, en enero de 2023 el partido presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática. El recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de febrero de ese año y sigue pendiente de resolución.
La ofensiva continuó durante 2026 en el Congreso de los Diputados. VOX registró siete iniciativas parlamentarias para reclamar información sobre el número de nacionalidades concedidas, las garantías implantadas para evitar posibles fraudes y la externalización de la gestión de los expedientes.
Paralelamente, Santiago Abascal trasladó esta denuncia a distintos aliados internacionales, especialmente en Hispanoamérica, y durante la campaña de las elecciones andaluzas advirtió públicamente de lo que considera un intento del Gobierno de modificar el cuerpo electoral mediante la concesión masiva de nacionalidades. El líder de VOX también mantuvo reuniones con representantes empresariales y miembros de la sociedad civil para alertar de las consecuencias de este proceso.
El pasado 24 de junio, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, Abascal volvió a denunciar esta situación y acusó al Ejecutivo de intentar «robar las próximas elecciones» mediante la incorporación al censo de personas que nunca han residido en España y el debilitamiento de los controles sobre el voto exterior.
Dos días después, VOX dio un nuevo paso al solicitar a la Secretaría de Estado de Justicia la nulidad de pleno derecho de la instrucción aprobada en octubre de 2022 y la suspensión cautelar de su aplicación.
Con los escritos registrados este 30 de junio ante la Junta Electoral Central, el partido completa una estrategia que ha llevado simultáneamente al Tribunal Constitucional, el Congreso, la Administración de Justicia y la autoridad electoral. El objetivo, sostiene VOX, es frenar la alteración del censo electoral derivada de la aplicación fraudulenta de la denominada «ley de nietos».
