El último informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presidido por Íñigo Fernández de Mesa y dirigido por el economista Gregorio Izquierdo, constata un aumento del 34,5% en las denuncias por okupación entre 2018 y 2024, con un total de 16.426 denuncias acumuladas, lo que equivale a 317 casos semanales.
Pese a que desde el Gobierno y sectores de la izquierda como Podemos se insiste en negar esta realidad, los datos son rotundos: la okupación aumentó un 7% respecto al año anterior, y evidencia una problemática creciente y estructural.
Cataluña, con 7.009 denuncias, concentra el 43% de todos los casos registrados en España, muy por encima del resto de regiones. Le sigue Andalucía, con el 13%.
El informe del que se ha hecho eco The Objective también analiza la okupación en función del número de viviendas vacías por comunidad autónoma. Cataluña vuelve a situarse a la cabeza con un índice de okupación de 391, cuatro veces superior al promedio nacional. Le siguen la Comunidad de Madrid (180), el País Vasco (148), Baleares (113) y la Región de Murcia (108).
Por el contrario, comunidades como Galicia (11), Castilla y León (20) y Asturias (23) muestran una incidencia mucho más baja, lo que sugiere que la presión del mercado inmobiliario influye directamente en la okupación.
Justicia lenta y tribunales colapsados
Uno de los datos más alarmantes es la lentitud de la justicia. El think tank liderado por Izquierdo denuncia una «falta de eficacia alarmante» en los procedimientos judiciales contra los okupas. Mientras que en 2018 un juicio por okupación tardaba 4,9 meses en resolverse, en 2023 esa cifra se elevó a 12 meses de media.
Los datos por comunidad autónoma son aún más preocupantes. En Andalucía, el tiempo medio para resolver un juicio por okupación pasó de 4,9 meses en 2018 a 13,6 meses en 2023. En Murcia, los procedimientos se alargan hasta los 14,7 meses, mientras que en Castilla-La Mancha alcanzan los 15,2 meses, cuando hace unos años apenas superaban los cinco meses. Incluso en comunidades de peso como Madrid y Cataluña, los tiempos no son mucho mejores: 11,2 y 11,8 meses respectivamente en el último año. Esta evolución demuestra un colapso generalizado del sistema judicial frente al fenómeno de la okupación.
Desahucios: Cataluña vuelve a liderar las cifras
En lo que respecta a desahucios por impago del alquiler, el IEE destaca una estabilización entre 2013 y 2019 con unos 36.000 desahucios anuales, seguida de una caída durante el periodo 2020-2024 por efecto de moratorias y ayudas temporales.
Sin embargo, Cataluña vuelve a figurar como la comunidad más afectada, con un índice de 455 en 2024, casi cinco veces por encima del promedio nacional. Le siguen Andalucía (248), Comunidad Valenciana (223) y Madrid (170). Esta realidad, denuncia el IEE, pone de manifiesto una grave crisis habitacional sin resolver.
El 80% de los españoles exige medidas contra los okupas
La Plataforma de Afectados por la Ocupación respalda las conclusiones del informe. Según su portavoz, Ricardo Bravo, el 30% de los afectados decide no denunciar por la lentitud judicial y el trato favorable que reciben los okupas en los tribunales.
Bravo denuncia además que la inacción del Gobierno y los decretos antidesahucios aprobados durante la pandemia han derivado en un fenómeno aún más lesivo: la «inquiokupación», es decir, inquilinos que dejan de pagar y no pueden ser desalojados.
“La estadística ya refleja esta preocupación social: el 80% de los españoles reclama medidas rápidas para echar a los okupas”, advierte el portavoz.
