El sindicato policial SIPE ha desvelado que detrás de las protestas violentas vividas ayer en Bilbao estarían grupos vinculados a Jardun y a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), según ha señalado su vicecoordinador en Antena 3. El representante sindical ha situado a ambas organizaciones entre los grupos radicales que actúan en el País Vasco y ha cuestionado el dispositivo desplegado para contener los disturbios.
Jardun y el sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak (IA), vinculado a GKS, figuran en los convenios mediante los que el Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado sufragar conciertos e infraestructuras en el recinto de txosnas de las fiestas de la Virgen Blanca. El consistorio está presidido por Maider Etxebarria, del PSE-EE, y gobernado conjuntamente por los socialistas y el PNV, que dirige el área de Cultura.
La relación entre IA y GKS está documentada. El sindicato estudiantil, denominado Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) desde finales de 2025, pertenece al Movimiento Socialista, el mismo espacio político en el que se encuadra la coordinadora juvenil. Además, la propia GKS anunció en noviembre de 2024 que ambas organizaciones habían organizado conjuntamente el Gazte Topagune Sozialista de Altsasu, un encuentro que, según sus promotores, reunió a más de 3.000 jóvenes.
El apoyo municipal se articula a través de Gure Txosnak–Txosnen Batzordea Elkartea, la asociación que engloba durante la vigencia de los convenios a Jardun, IA y otros colectivos. Es esta entidad la que figura como contraparte del Ayuntamiento para coordinar la instalación de las txosnas y la programación del recinto.
En el convenio aprobado el 28 de julio de 2023, el Ayuntamiento se comprometía a asumir gastos de conciertos e infraestructuras como escenario, sonido, iluminación y generadores. Para los conceptos enumerados en esa cláusula se fijó un coste máximo de 65.000 euros, IVA incluido. La cantidad corresponde al programa compartido del recinto y no a una subvención individual de ese importe a Jardun o GKS.
La colaboración volvió a recogerse en el convenio aprobado el 19 de julio de 2024, que incluyó de nuevo a Jardun e Ikasle Abertzaleak. El texto contemplaba conciertos contratados por el Ayuntamiento y aportaciones de infraestructuras y servicios para el espacio festivo.
Las actas de las juntas de gobierno del 4 de julio de 2025 y del 17 de julio de 2026 mantienen a ambos colectivos en la relación de integrantes de Gure Txosnak. Los convenios prevén contratación municipal de conciertos, alquiler de escenario, camerinos y vallado, instalaciones y servicios para el recinto, además del uso gratuito del espacio público en las condiciones establecidas.
El acuerdo de 2026 especifica que el convenio «no conlleva contraprestación económica», aunque el Ayuntamiento asume los gastos y servicios descritos. Los documentos acreditan, por tanto, apoyo municipal a la actividad compartida; no identifican transferencias desde las cuentas del PSOE ni pagos individualizados a Jardun o GKS.
GKS no aparece nominalmente en esos convenios: la conexión se establece a través de IA. De hecho, en julio de 2026 la coordinadora juvenil seguía denunciando su exclusión del recinto oficial de txosnas de Vitoria y anunciaba una instalación alternativa.
Las declaraciones de SIPE llegan después de una jornada de incendios y enfrentamientos en Bilbao, tras las movilizaciones contra la visita de Vito Quiles, finalmente cancelada. El balance difundido este martes a las 12.35 horas recoge 17 detenidos, diez de ellos menores. Los incidentes incluyeron barricadas, vehículos incendiados y lanzamiento de piedras contra agentes y la comisaría de la Ertzaintza en Deusto. La universidad había cerrado preventivamente el campus.
El Ayuntamiento de Bilbao ha contabilizado 38 contenedores quemados y ha situado en unos 54.200 euros el coste conocido de reponerlos y sustituir un banco calcinado, un balance todavía pendiente de completar.
SIPE también ha denunciado la retirada de efectivos y ha asegurado que algunas patrullas que se ofrecieron a regresar recibieron instrucciones de no hacerlo. La atribución del sindicato a Jardun y GKS se produce mientras continúa la investigación: el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha pedido esclarecer qué grupos impulsaron los altercados y ha diferenciado las manifestaciones pacíficas de los episodios violentos.
Jardun está asimismo bajo el foco judicial tras el ingreso en prisión provisional, por presuntos delitos de terrorismo, de Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez, a quienes el juez de la Audiencia Nacional vincula con la coordinadora. Jardun ha negado esa relación. Ese procedimiento es distinto de la investigación sobre los disturbios de Bilbao.
