El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha denunciado graves irregularidades en la gestión del dispositivo policial desplegado durante los disturbios registrados este lunes en Bilbao, donde grupos de proetarras protagonizaron enfrentamientos, levantaron barricadas e incendiaron contenedores. La organización sindical sostiene que los agentes recibieron instrucciones de no intervenir durante los incidentes y que parte de los refuerzos fueron enviados a sus domicilios tres horas antes de finalizar el servicio previsto.
Las acusaciones se producen después de una jornada de altercados en la capital vizcaína con motivo de las protestas contra la presencia de Vito Quiles. Los incidentes dejaron importantes desperfectos en el mobiliario urbano, además de episodios de violencia que obligaron a desplegar unidades policiales para recuperar el control de las calles.
Según la información recabada por Si.P.E., los efectivos de refuerzo tenían asignado inicialmente un servicio hasta las 21.00 horas, pero recibieron instrucciones para retirarse a las 18.00. Esta decisión, cuya autoría reclama esclarecer el sindicato, habría reducido la disponibilidad de agentes precisamente en una jornada en la que existían advertencias sobre la posibilidad de que se produjeran alteraciones graves del orden público.
La organización también asegura que los policías que permanecían desplegados recibieron órdenes expresas de no actuar mientras se incendiaban contenedores y se producían distintos episodios de violencia. Siempre según la versión sindical, la autorización para intervenir no llegó hasta aproximadamente una hora después del inicio de los incidentes.
Los sindicatos habían advertido del riesgo tres días antes
Las críticas a la planificación policial adquieren especial relevancia porque los posibles problemas de seguridad ya habían sido comunicados a las autoridades. El pasado sábado 24 de octubre, Si.P.E. presentó una denuncia formal ante el consejero de Seguridad del Gobierno vasco solicitando medidas preventivas urgentes para evitar incidentes durante la jornada del lunes.
Sin embargo, según denuncia el sindicato, las advertencias no se tradujeron en un despliegue suficiente ni en instrucciones que permitiesen reaccionar inmediatamente ante los altercados. Por el contrario, la organización sostiene que se redujo la presencia de refuerzos y se retrasó la intervención de los agentes que se encontraban sobre el terreno.
Ante esta situación, Si.P.E. exige conocer quién decidió adelantar la retirada de los policías, qué información manejaban los responsables del dispositivo y cuáles fueron los criterios operativos utilizados para justificar aquella medida.
También reclama explicaciones sobre la demora en autorizar las actuaciones policiales. La organización considera imprescindible determinar quién impartió las instrucciones, cuándo se transmitieron y qué valoración se realizó de los riesgos para los ciudadanos, los establecimientos y los propios agentes.
Exigen responsabilidades a los mandos del operativo
El sindicato insiste en que los ertzainas desplegados en las calles no deben asumir las consecuencias de decisiones tomadas por sus superiores. En su opinión, resulta inaceptable responsabilizar a los funcionarios encargados de ejecutar un operativo cuando su margen de actuación está condicionado por las órdenes recibidas.
La organización recuerda que garantizar el derecho de manifestación no supone tolerar incendios, agresiones o daños contra propiedades públicas y privadas. Por ello, reclama que la dirección policial explique por qué se mantuvo a los agentes sin intervenir pese a la escalada de los disturbios.
Otro de los aspectos sobre los que solicita información es lo ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Deusto, donde se registraron sentadas y ocupaciones de la calzada. Si.P.E. quiere conocer si estas actuaciones estaban contempladas en las comunicaciones previas de las manifestaciones y qué medidas habían previsto los responsables de seguridad para gestionar posibles bloqueos.
La organización considera que la planificación de cualquier dispositivo debe incluir mecanismos de respuesta ante situaciones imprevistas y que los responsables de su dirección tienen la obligación de justificar las decisiones que afectan a la seguridad pública.
Reclaman una investigación y toda la documentación policial
Para esclarecer lo sucedido, Si.P.E. ha solicitado una reconstrucción cronológica de los acontecimientos, desde los primeros incidentes hasta el momento en que se autorizó la intervención de los agentes.
Asimismo, exige que se conserven y faciliten por los procedimientos correspondientes los documentos relacionados con la preparación del dispositivo, los cambios efectuados durante la jornada, los informes de evaluación de riesgos y las comunicaciones operativas trasladadas a los policías.
El sindicato también quiere que el Departamento de Seguridad detalle qué actuaciones preventivas adoptó después de recibir la denuncia presentada el sábado y por qué, pese a las alertas, se tomaron las decisiones que ahora cuestiona.
La organización advierte de que no dará por cerrado el episodio hasta obtener explicaciones y reclama que, si la investigación confirma actuaciones negligentes o decisiones injustificadas, se determinen las responsabilidades correspondientes entre quienes dirigieron el operativo.
La controversia deja ahora bajo escrutinio la actuación de los mandos policiales y de los responsables de Seguridad del Gobierno vasco, a quienes Si.P.E. exige transparencia para aclarar por qué los agentes no pudieron actuar antes y quién ordenó reducir los efectivos desplegados durante una jornada marcada por la violencia callejera.
