Desde 2019, las denuncias por fraude en la contratación pública han aumentado un 87%, aunque siguen siendo muy pocas en comparación con el volumen total de operaciones realizadas. Según ha desvelado El Mundo, con información proveniente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), apenas se investigan y casi ninguna termina en procesos judiciales.
Según un informe de OIReScon, de acuerdo con los datos recopilados entre 2019 y 2023 por diversas oficinas territoriales contra la corrupción y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, las denuncias por fraude en la contratación pública crecieron de 118 a 221. En ese periodo, las denuncias por prácticas corruptas aumentaron un 53%, pasando de 28 a 43. Por su parte, las irregularidades en adjudicaciones se dispararon un 260%, llegando de 20 a 72 casos.
El informe también ha revelado que, de las 221 denuncias recibidas en 2023, sólo 90 dieron lugar a investigaciones formales por parte de las autoridades antifraude, mientras que las restantes 131 no llegaron a esa fase. Esto significa que sólo se investigaron aproximadamente cuatro de cada diez denuncias y ninguna de ellas se judicializó. Según la OIReScon, «ninguna de las 90 investigaciones iniciadas fue remitida a la Fiscalía para su trámite judicial».
En total, en los últimos cinco años se han acumulado 811 denuncias relacionadas con la contratación pública. De ellas, 251 corresponden a irregularidades en la adjudicación, 167 a prácticas corruptas, 148 a problemas durante la ejecución del contrato (incluyendo prórrogas o modificaciones), 110 por fraccionamiento indebido de contratos, 49 por ausencia de contrato formal, 29 por incumplimiento normativo, 19 por irregularidades en los pliegos y otras 19 por sobrecostes.
