El CNI y el Cifas, la inteligencia militar dependiente del Gobierno de Sánchez, conocían la existencia del narcotúnel de Ceuta desde hace más de un año, según han revelado fuentes conocedoras de los hechos al diario The Objective. Sin embargo, la intervención no se produjo hasta que la Guardia Civil, que desconocía dicha infraestructura, actuó y desmanteló por su cuenta la instalación. Este episodio, señalan estas voces, ejemplifica con claridad la fractura interna que vive el aparato del Estado: desconfianza entre agencias, falta de coordinación y un preocupante aislamiento informativo entre cuerpos con competencias superpuestas.
Según estas fuentes, el caso del túnel ceutí es sólo la punta del iceberg de una situación mucho más profunda y grave: “El Estado ya no trabaja unido, estamos ante una especie de insurrección interna donde cada servicio actúa por su cuenta, temiendo que compartir información acabe siendo perjudicial”. Mencionan además que amenazas a la soberanía nacional como la que supone este paso clandestino desde Marruecos no están recibiendo la respuesta que exigen los riesgos que implican.
Agentes vinculados a los servicios de información confirman que el clima dentro de estas instituciones es de fuerte tensión. “La consigna no es cooperar, sino protegerse”, relatan. La desconfianza ha alcanzado tal nivel que algunos funcionarios han optado por no transmitir determinados informes a sus superiores, ante el temor de que la información acabe siendo utilizada con fines políticos o, peor aún, ignorada. “Ahora mismo nadie se fía de nadie. Hay vigilancia cruzada entre departamentos y unidades que deberían estar colaborando”.
Esta crisis de confianza no es ajena al clima político que vive el país. Los casos de supuesta corrupción que han salpicado al entorno personal y político del presidente Pedro Sánchez han obligado a diversos cuerpos policiales a intervenir por orden judicial, lo que ha tensado aún más las relaciones entre las fuerzas de seguridad y el Ejecutivo. “Mientras unos intentan cumplir con la ley, otros optan por el silencio y la inacción”, relatan agentes que, aseguran, trabajan bajo presiones externas y una “cultura del miedo” alimentada desde las más altas esferas.
Según relatan estas fuentes, hay agentes que ven su labor como una defensa última del Estado frente a lo que consideran una deriva autoritaria del Gobierno. “La estructura institucional está siendo atacada desde dentro. Y si los que deberían protegerla se ven obligados a actuar en contra de las directrices oficiales, es porque sienten que están salvaguardando el interés general”, afirman. La situación, según dicen, ha derivado en una percepción generalizada entre algunos sectores del aparato del Estado de que el Ejecutivo ha pasado de ser un aliado a convertirse en una amenaza.
Un episodio reciente que ha generado desconcierto fue la presencia de Carles Puigdemont en el centro de Barcelona sin que se procediera a su detención. “¿Nadie lo sabía? Claro que lo sabían, pero nadie se atrevió a dar el paso”, indican. Para estas fuentes, este tipo de decisiones, o la falta de ellas, demuestra una profunda ruptura entre la inteligencia y el poder político. “El CNI tiene la misión de proteger las instituciones, pero cuando quien socava esas instituciones es el propio Gobierno, ¿a quién se le entrega la información?”.
