Durante décadas, el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, joya ecológica de Europa y primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía, ha resistido con entereza la expansión urbanística, la presión agrícola, la pesca ilegal y las actividades náuticas. Ni siquiera el caso del Algarrobico logró doblegar la voluntad conservacionista de una tierra única, con más de mil especies de flora exclusivas y fondos marinos cubiertos por praderas de posidonia oceánica. Sin embargo, hoy su mayor amenaza ya no viene del turismo o del ladrillo, sino de un enemigo mucho más corrosivo: las mafias del narcotráfico y la inmigración ilegal que han convertido el litoral almeriense en su nuevo cuartel de operaciones.
Lo que antes eran playas vírgenes y calas paradisíacas ahora aparecen plagadas de garrafas blancas de 25 litros —conocidas como «petacas»— utilizadas para abastecer de combustible a las narcolanchas y embarcaciones ilegales que operan en la zona. Esta actividad, derivada del fenómeno conocido como petaqueo, no sólo contamina el medio ambiente, sino que ha obligado a multiplicar los esfuerzos de limpieza del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que reconoce estar desbordado.
El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, ha calificado de «muy lamentable» el daño ambiental que está sufriendo el parque natural, no sólo por los residuos vertidos, sino por el abandono de funciones del Gobierno central. «Es urgente que se dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para frenar estas redes criminales», ha exigido.
La situación se agrava en enclaves como Cabo de Gata o Punta Entinas-Sabinar, donde se han intensificado las patrullas y las labores de vigilancia, sin lograr contener el deterioro provocado por el tráfico ilegal de personas y drogas. Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas, clasificadas como género prohibido desde 2018, continúan navegando sin control, fondeadas durante días, resguardándose en los acantilados y calas del litoral cuando arrecia el temporal.
Ni el Ayuntamiento de Níjar, que ha tenido que organizar batidas ciudadanas para retirar residuos, ni la Junta de Andalucía, que ha intensificado su presencia en la Zona de Especial Conservación, dan abasto. El alcalde nijareño, José Francisco Garrido, advierte de que el problema está desbordando a las administraciones locales y autonómicas, y reclama con urgencia la intervención del Ministerio del Interior.
El impacto de estas mafias no se limita a la basura y el combustible. Este mismo miércoles, una embarcación pesquera utilizada como taxi-patera quedó encallada en la playa de los Muertos, en Carboneras. Más de medio centenar de ilegales huyeron a pie tras llegar a la costa desde el norte de África. El barco, de más de 18.000 kilos y equipado con motor intraborda, fue remolcado por la empresa concesionaria para su posterior destrucción, cuando lo autorice un juez.
Además del riesgo que estas embarcaciones suponen para el medio ambiente y la navegación, muchas de ellas son abandonadas o incluso quemadas en la orilla para borrar huellas. Este viernes, una planeadora fue incendiada a plena luz del día en la cala del Bergantín, cuenta Diario de Almería. En otros casos, como el del pasado domingo, los delincuentes simplemente abandonan las narcolanchas a la deriva, tras pasar a otra embarcación. Ese mismo día, una narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil, poniendo en serio peligro la navegación recreativa de la zona.
Cabo de Gata, símbolo natural de Andalucía y Europa, se enfrenta hoy a una amenaza más grave que cualquier ladrillo o tractor: el abandono institucional frente a las mafias.
