La Guardia Civil ha detenido este sábado a un ceutí y a una inmigrante que entró en Ceuta durante la invasión de finales de julio cuando trataban de acceder a un ferry con destino a la Península utilizando documentación que no pertenecía a la mujer. El caso confirma una práctica sobre la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya habían lanzado la alerta: la venta y cesión de DNI para facilitar la salida clandestina de inmigrantes de la ciudad autónoma.
Según fuentes policiales citadas por Abc, los agentes arrestaron por la tarde a un ciudadano español residente en Ceuta en la zona de preembarque de vehículos del puerto. El hombre llevaba en su coche a una inmigrante indocumentada que pretendía viajar hacia la Península.
Cuando los guardias civiles solicitaron la documentación de la mujer, esta presentó un DNI que correspondía a otra persona. El conductor fue detenido por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que la mujer fue arrestada por un supuesto delito de usurpación del estado civil.
El episodio se produce después de que la Policía Nacional advirtiera de la utilización de documentos falsificados, robados o cedidos por terceras personas a cambio de dinero por parte de inmigrantes que entraron en Ceuta durante la invasión de los días 30 y 31 de julio. La alerta consta en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que pidió extremar los controles sobre los pasajeros de los ferris que parten hacia Algeciras y Tarifa.
La advertencia policial ya está teniendo consecuencias sobre el terreno. Según la información publicada por ABC, la Policía Nacional ha practicado en los últimos días varias detenciones en la estación marítima por situaciones similares. Los investigadores sospechan de la existencia de una trama dedicada a obtener dinero facilitando documentos ajenos a quienes buscan abandonar Ceuta y llegar a otros puntos de España.
El puerto, uno de los puntos críticos tras la invasión
El puerto de Ceuta se ha convertido en uno de los principales focos de seguridad tras la invasión. Allí se encuentra además el campamento habilitado para acoger a más de 1.700 inmigrantes, una instalación cuya legalidad está ya bajo examen de la Audiencia Nacional después del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
A ello se suman los intentos clandestinos de alcanzar la Península. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectan, según Abc, alrededor de una decena de inmigrantes al día intentando ocultarse en vehículos o acceder irregularmente a barcos para salir de la ciudad autónoma.
La vigilancia en el recinto portuario se ha reforzado en las últimas horas con 25 guardias civiles, que deben asumir las tareas de seguridad junto a la Policía Portuaria. El control de los ferris adquiere además especial relevancia ante la constatación policial de que la documentación de ciudadanos españoles puede acabar cedida o vendida para sortear los controles de identidad.
El problema había sido anticipado por el CENIF. La unidad de inteligencia de Extranjería también elaboró el informe remitido a la Audiencia Nacional sobre la invasión de julio, en el que señaló una «planificación» previa y táctica y atribuyó a miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes un «guiado activo de la masa hacia los lugares de paso».
La investigación judicial sobre aquellos hechos continúa abierta. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón trata de determinar quién coordinó, financió y decidió el operativo que permitió la llegada masiva desde Marruecos, mientras las consecuencias de aquella invasión siguen condicionando la seguridad y el funcionamiento cotidiano de Ceuta.
