está valorado en seis millones de euros
Las normas urbanísticas ponen en duda el uso como oficina del ático comprado por el Gobierno de Ayuso
Las normas urbanísticas ponen en duda el uso como oficina del ático comprado por el Gobierno de Ayuso
Ático en el Paseo del General Martínez Campos. Google Earth
Por LGI
30 de julio de 2026

Las normas urbanísticas de Madrid ponen en duda que la Comunidad de Madrid pueda utilizar como oficina el ático adquirido en el distrito de Chamberí para alojar de forma temporal a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a parte de su equipo durante las obras previstas en la Real Casa de Correos.

El inmueble se encuentra en la novena planta de un edificio residencial del paseo del General Martínez Campos. Cuenta con una superficie total de 485 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a la terraza, según la información del Registro de la Propiedad publicada por El País.

El Gobierno autonómico explicó antes de conocerse la operación que Ayuso y «un equipo mínimo» podrían utilizar el ático como oficina mientras se reforma la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol. Tras la publicación de la noticia, el Ejecutivo regional matizó que la decisión «no está tomada al cien por cien».

El principal obstáculo se encuentra en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Su artículo 8.1.30 limita la implantación de oficinas y usos dotacionales en los edificios residenciales y no permite destinarlos a esos fines en las plantas ático. Esos usos sólo pueden implantarse, bajo determinadas condiciones, en la planta baja, el semisótano o la primera planta.

La arquitecta Isabel León, antigua secretaria general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, ha asegurado que la regulación no deja margen para transformar todo el inmueble en una oficina. «No es viable montar una oficina en un ático de un edificio residencial que no es terciario mixto», ha señalado al citado diario.

La única alternativa contemplada por las normas sería mantener el uso residencial y habilitar un despacho profesional doméstico. Esta fórmula permite ejercer una actividad profesional dentro de una vivienda, pero obliga a separar ambos espacios y limita la zona de trabajo a un máximo de un tercio de la superficie.

Esa opción tampoco encaja, en principio, con las declaraciones de Ayuso. La presidenta madrileña ha descartado que el inmueble vaya a convertirse en su residencia oficial. «Ya les digo, no voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas», afirmó este miércoles durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ayuso también evitó aclarar en dos ocasiones si el uso previsto podía vulnerar las normas urbanísticas. El Ayuntamiento de Madrid no había ofrecido una respuesta sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento municipal.

La compra fue ejecutada por Planifica Madrid, la empresa pública autonómica encargada de gestionar suelo e inmuebles. La operación se formalizó ante notario el pasado 14 de abril, aunque la Comunidad de Madrid no ha revelado cuánto dinero público destinó a la adquisición. El País calcula que una vivienda de características semejantes podría alcanzar un valor de mercado próximo a los seis millones de euros.

A las restricciones municipales podrían añadirse las normas internas del edificio. El portero de la finca ha asegurado que ninguno de sus 16 pisos funciona como oficina y que los estatutos de la comunidad de propietarios prohíben este uso, aunque el contenido de esos estatutos no ha sido difundido. Los vecinos también han vetado los apartamentos turísticos.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la compra iba a anunciarse cuando comenzaran en agosto las obras de la Real Casa de Correos, una reforma que tampoco había sido comunicada. Ayuso ha rebajado ahora el alcance del proyecto y ha afirmado que el ático podría utilizarse «temporalmente» para celebrar reuniones.

La Comunidad prevé reformar primero el inmueble y terminar los trabajos entre octubre y noviembre. Hasta entonces, el Gobierno regional deberá decidir qué utilidad concede a una propiedad cuya transformación completa en oficina choca con el planeamiento urbanístico de la capital.

Ayuso incluso dejó abierta la posibilidad de instalarse en otra dependencia autonómica mientras duren las obras de Sol. «No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá», bromeó ante los miembros de su Gobierno.

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