La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan en el Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
Así consta en el oficio de 490 páginas que llevó al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros el pasado martes en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y en varias empresas.
Se trata del informe en el que los agentes analizan varias grabaciones que fueron realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023 y halladas ahora en sus dispositivos.
En las conversaciones, en las que figuran el propio Koldo, Ábalos y el hasta este jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se aprecia que intentaban cobrar «presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona SA, especialmente a través de su filial Acciona Construcción SA».
