Avanza el efecto llamada a través de las ONG subvencionadas por PP y PSOE en territorio nacional. Ahora, tal y como ha revelado en exclusiva @CanarioToday, familias de los supuestos «menas» que quieren regularizar su situación en España están enviando documentación directamente a los centros donde estos menores se encuentran acogidos, con el objetivo de completar los trámites administrativos necesarios.

Según el documento al que ha tenido acceso este medio, los responsables de un centro residencial en Canarias solicitan a los familiares de uno de estos menores que remitan los papeles necesarios para gestionar su pasaporte a través del Consulado de Senegal en Madrid. Parte de esa documentación ya habría sido enviada, aunque todavía no estaría completa, lo que retrasa el proceso.

El informe refleja además que desde el momento de ingreso del menor en el recurso asistencial se le ha trasladado la importancia de regularizar su situación administrativa. En este sentido, se detalla que el joven cuenta con permiso de residencia en vigor hasta agosto de 2026 y que próximamente acudirá a las oficinas de extranjería para tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que no se trata de menores sin vínculo familiar conocido. Tal y como se desprende del propio documento, los progenitores están localizados y participan activamente en el envío de documentación necesaria para estos trámites, lo que cuestiona el relato habitual sobre la falta de referencias familiares.

Además, la gestión del pasaporte a través del consulado senegalés introduce un nuevo elemento en el debate, al evidenciar la implicación de instituciones del país de origen en el proceso de regularización dentro de España.

Este procedimiento se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos públicos, ya que estos menores quedan bajo tutela de la administración española, lo que implica un elevado coste económico sostenido con fondos públicos.

Mientras tanto, desde el Gobierno de Canarias, concretamente desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se mantiene el discurso institucional que equipara a estos menores con «nuestros hijos», una afirmación que continúa generando controversia política y social.