La combinación de terrorismo y separatismo ha puesto en jaque a distintos gobiernos de España en las últimas décadas. Aunque los partidos separatistas han buscado históricamente beneficios fiscales, económicos o territoriales por vías políticas, la realidad española ha visto cómo el terrorismo ha condicionado la democracia.
Si bien las acciones terroristas en España tienen precedentes en grupos anarquistas del siglo XX, fue en el País Vasco y en Cataluña donde la violencia se convirtió en herramienta política. El 7 de junio de 1968, en pleno franquismo, ETA inició una actividad criminal que se prolongó durante más de 40 años, dejando más de 800 asesinados. Entre sus víctimas figuran el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco y el concejal popular Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y asesinato conmocionó a todo el país.
El miedo y las amenazas otorgaron a la banda un enorme poder en el País Vasco, condicionando la política y la vida diaria de los ciudadanos. Sus consecuencias perduran: desde la década de los 70, miles de vascos que no compartían su ideología se vieron forzados a abandonar su tierra. Un estudio de la Universidad CEU San Pablo recogido por La Razón cifra en más de 180.000 las personas desplazadas, un éxodo que ha supuesto una limpieza ideológica y una catástrofe demográfica que ha favorecido el ascenso de Bildu hasta el Congreso de los Diputados.
El informe del CEU San Pablo también detalla el impacto económico: el terrorismo de ETA amplificó la crisis industrial y fiscal, generando inestabilidad que expulsó a empresarios, directivos y trabajadores. El País Vasco, que en su momento aportaba un 7,8% al PIB nacional, ha visto reducida esa cifra al 5,5% en 2022.
La pérdida de población no se ha revertido ni siquiera tras el final de la violencia. Entre 2008 y 2021, la región continuó perdiendo habitantes, especialmente entre quienes se marcharon durante los años de plomo y no han regresado. En enero de 2022, el País Vasco contaba con un 18,1% menos de personas nacidas en España de entre 45 y 49 años que niños de 0 a 4 años en 1977. La cifra general de los que no han vuelto ronda el 9%.
Más allá de las cifras, los testimonios recogidos en el documento son unánimes: la principal razón para huir fue la presión y el miedo ejercidos por ETA. El exparlamentario Fernando Maura cree que, “cualesquiera que sean las medidas que se adopten”, será difícil que esas personas vuelvan a su tierra.
El antiguo catedrático de la Universidad del País Vasco Carlos Fernández de Casadevante resume el saldo político: “Se aprovecharon de la sacudida del árbol para participar con ventaja en todos los procesos electorales… mientras los partidos no nacionalistas no concurrían en igualdad de condiciones, porque sus candidatos eran amenazados o asesinados. Otro gran provecho se concretó en la alteración fraudulenta del censo electoral. En mi opinión, irreversible”.
