Las plataformas ciudadanas que se han movilizado en defensa de los olivos centenarios en la provincia de Jaén han descubierto que los proyectos solares previstos en las comarcas de Lopera, Arjona y Marmolejo fueron fragmentados de manera irregular con el objetivo de eludir la normativa estatal. Según sus denuncias, lo que en realidad constituye un macroproyecto fue dividido en varias piezas más pequeñas para evitar una evaluación ambiental conjunta que debía ser obligatoria, según ha avanzado El Debate.

SOS Rural, una de las organizaciones que lidera la batalla judicial, asegura que tras solicitar a la Junta de Andalucía la revisión de los expedientes, se confirmó la existencia de un «fraccionamiento ilegal» que permitió a las promotoras avanzar con licencias municipales. Por este motivo, las plataformas exigen ahora a los ayuntamientos de las localidades afectadas que paralicen «de inmediato» unas autorizaciones que consideran «nulas de pleno derecho».

Los activistas han puesto el foco en la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres (PSOE), a la que reclaman que suspenda los permisos concedidos en su municipio y actúe para proteger el olivar tradicional. De lo contrario, advierten, estaría facilitando «un ecocidio» y exponiendo tanto a su gobierno local como a los concejales de la oposición a responsabilidades civiles y penales.

En este sentido, SOS Rural ha iniciado campañas informativas dirigidas a los corporativos municipales, recordándoles que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya dictaminó que este tipo de proyectos troceados carecen de validez legal. «Si se aprueban, no solo acabarán anulados, sino que además los promotores reclamarán indemnizaciones patrimoniales a los propios ayuntamientos», subrayó Natalia Corbalán, portavoz de la asociación.

Corbalán incidió en que la defensa del olivar centenario es un pulso desigual: «Somos David contra Goliat, pero la ley y la verdad están de nuestro lado». Según ella, aprobar las licencias de las nueve instalaciones fotovoltaicas supondría «firmar su nulidad futura y abrir la puerta a consecuencias penales» para quienes las respalden.

Por su parte, Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte, reprochó tanto a la Administración como a las empresas promotoras una «interpretación torticera» de la normativa, que ha terminado por ignorar los derechos de los vecinos y propietarios legítimos, en muchos casos despojados de sus tierras mediante procesos de expropiación. «Las instituciones deberían servir al ciudadano, pero aquí se han puesto al servicio de intereses políticos y económicos, lo que nos obliga a rebelarnos contra este abuso de poder», concluyó.