Las reclamaciones de ciudadanos que recurren al Consejo de Transparencia ante la falta de respuesta de la Administración y su negativa a facilitar información pública se han disparado un 60% durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El dato refleja un creciente choque entre quienes reclaman su derecho a conocer la actuación de las instituciones y una Administración que, en cerca de siete de cada diez casos, ha rechazado facilitar la información solicitada.
Según los datos comunicados este jueves por el propio Consejo, el organismo recibió entre enero y junio un total de 1.758 reclamaciones. De ellas, 1.211, el 68,8%, fueron presentadas contra ministerios y entidades públicas estatales, es decir, contra organismos dependientes de la Administración General del Estado.
El resto, 547 expedientes, corresponde a reclamaciones dirigidas contra administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de aquellas comunidades autónomas que han atribuido al Consejo la competencia en materia de transparencia mediante el correspondiente convenio.
El fuerte incremento registrado en apenas seis meses prolonga una tendencia que ya se hizo evidente durante el año pasado. En 2025 se presentaron 2.767 reclamaciones, un 40% más que en 2024. Si el ritmo registrado durante el primer semestre de 2026 se mantiene, el volumen de expedientes podría volver a crecer de manera significativa este año.
Más reclamaciones y los mismos recursos desde 2023
El aumento de las quejas contrasta con la situación del organismo encargado de resolverlas. El Consejo de Transparencia denuncia que, mientras el número de ciudadanos que recurren a él no deja de aumentar, mantiene la misma plantilla y prácticamente los mismos recursos desde 2023, último ejercicio en el que España contó con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados.
La situación plantea un problema evidente: el Gobierno de Sánchez y las administraciones generan un volumen cada vez mayor de solicitudes y reclamaciones relacionadas con el acceso a la información pública, pero el organismo independiente encargado de garantizar ese derecho continúa funcionando con unos medios que no han aumentado al mismo ritmo.
El aumento de las reclamaciones pone el foco sobre la Administración
El dato más significativo se encuentra precisamente en el origen de las reclamaciones. Casi el 69% de los expedientes recibidos en el primer semestre se dirige contra ministerios y entidades públicas estatales, después de que estos organismos no proporcionaran la información solicitada o de que los ciudadanos consideraran insatisfactoria la respuesta recibida.
El incremento del 60% en un solo año supone que cada vez más ciudadanos consideran necesario acudir a un órgano independiente para conseguir información que previamente han solicitado a las propias administraciones. La situación deja así bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para garantizar de forma efectiva el derecho de acceso a la información pública.
