La «transición energética» del Gobierno Sánchez no sólo amenaza la competitividad industrial, sino que ha llevado a varias regiones de España al borde del colapso eléctrico. Según datos remitidos a la CNMC por la patronal Aelec (Endesa, Iberdrola y EDP) y Naturgy, el 83,4 % de los nudos eléctricos del país ya están saturados, lo que impide conectar nuevas demandas en gran parte del territorio, según informa Vozpópuli.

La situación es crítica en cuatro comunidades autónomas: País Vasco y La Rioja alcanzan el 99 % de ocupación, lo que supone en la práctica la imposibilidad de conceder nuevas licencias de suministro. En Aragón, con un 96 % de saturación, la alarma es aún mayor: la región, convertida en polo de atracción para centros de datos e industrias tecnológicas, se enfrenta a un bloqueo energético que amenaza miles de millones en inversiones. Navarra también supera el 94 %.

A estas cifras se suman Andalucía (93 %), Extremadura (87 %), Castilla y León y Castilla-La Mancha (85 %), Comunidad Valenciana (83 %), Madrid (82 %) y Cataluña (82 %), todas con tensiones crecientes. Sólo comunidades periféricas como Cantabria (50 %), Galicia (49 %), Baleares (39 %) o Canarias (33 %) muestran cierto margen.

El origen del problema está en la avalancha de proyectos vinculados a la Agenda 2030 y la falta de inversión real en infraestructuras de transporte eléctrico. Las eléctricas alertan de que sin mecanismos ágiles de planificación y refuerzo de la red será imposible conectar nuevas industrias, viviendas o infraestructuras de movilidad eléctrica. «Sin estas condiciones, España desaprovechará el potencial de las renovables y limitará su crecimiento económico», advierten desde el sector.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera asegura que «se han dotado redes para dos Españas enteras» y presume de haber concedido acceso a proyectos por 43 GW de capacidad, el equivalente a duplicar la demanda nacional. Entre ellos destacan centros de datos, hidrógeno verde e infraestructuras de recarga.

Sin embargo, los hechos desmienten el optimismo oficial: la realidad es que el colapso técnico ya está aquí. España corre el riesgo de quedarse sin red suficiente para sostener su industria y su tejido productivo.