La utopía de las emisiones cero de Ed Miliband, secretario de Energía del Gobierno laborista, se está convirtiendo en un agujero negro para las arcas británicas. Lejos de abaratar la factura de la luz, la sobreproducción eólica está generando un despilfarro que en lo que va de 2025 ya supera los 860 millones de libras, según el portal especializado Wasted Wind.
El problema es estructural: la mayoría de los aerogeneradores están en Escocia, pero la red de transmisión carece de capacidad para transportar la electricidad hacia el sur de Inglaterra, donde se concentra la demanda. El resultado es un absurdo doble: el Estado paga a los parques eólicos para que no produzcan electricidad, mientras remunera a centrales de gas en el sur para suplir la energía que falta.
La Oficina de Regulación Energética (Ofgem) reconoció que este sistema de «curtailment» o desconexión forzada está detrás de la subida de las facturas. Del incremento de 35 libras previsto en el precio regulado de la electricidad para octubre, unas 15 libras corresponden únicamente a este mecanismo de despilfarro.
Empresas como Octopus Energy denuncian que cada turbina parada dispara las facturas de los hogares. Pero los incentivos estatales garantizan a los operadores ingresos fijos incluso cuando no generan electricidad. Algunos parques, como Moray East en el mar del Norte, han ingresado ya 60 millones de libras este año por estar desconectados, con parte de sus beneficios en manos de compañías chinas como China Three Gorges.
Los pronósticos son todavía peores: el operador nacional de la red (Neso) advierte que, de mantenerse esta dinámica, las pérdidas podrían escalar hasta 8.000 millones de libras anuales en 2030. Incluso con las inversiones previstas en infraestructuras, el coste se mantendría entre 2.800 y 3.700 millones al año.
Miliband prometió recortar 300 libras de las facturas anuales de los hogares para 2030. Sin embargo, su plan verde está generando el efecto contrario: un sistema carísimo, ineficiente y dependiente de subsidios que multiplica la factura de las familias británicas.
Lo que se presentaba como el camino hacia la «energía limpia» amenaza con convertirse en un fracaso histórico que hipoteca la competitividad y la seguridad energética del Reino Unido.
