¿Conocen los asturianos cuánto dinero de sus bolsillos destina el Gobierno socialista del Principado a financiar los programas en Bable (lengua que habla menos del 15% de la población) de la televisión pública? ¿Saben los castellanos y los leoneses que pagan con sus impuestos 20 millones de euros para financiar el 100% de una televisión regional de planteamientos estratégicos y disparatados que pertenece a un duopolio privado? ¿Cuántos de los más de 60 millones con los que los madrileños sostienen Telemadrid o los 160 con que los andaluces financian Canal Sur sirven para pagar a productoras amigas y enriquecer bolsillos ajenos?
¿Son conscientes los aragoneses de que la mayor parte del presupuesto de la televisión pública que pagan va directamente al Grupo Henneo, que se encarga de producir el 100% de los contenidos de la cadena, restringiendo toda posibilidad de acceso al mercado al resto de productoras aragonesas? ¿Conocen los ciudadanos que cada vez que alguno de los pocos profesionales que aún mantienen cierta motivación e independencia en estas macrocorporaciones sobredimensionadas quiere poner en marcha algún proyecto de interés real para la audiencia o de mejora de la corporación siempre se topa con la misma respuesta: no hay personal? What the fuck! ¿Saben hasta qué punto cada una de estas corporaciones se ha convertido en una agencia de colocación de los políticos que las manejan? ¿Hasta dónde llega la persecución interna de los profesionales que no se pliegan a los intereses sindicales? ¿Hasta qué punto esos sindicatos controlan, en beneficio propio y de los partidos que los dirigen, el devenir de las decisiones que se adoptan?
¿Se imaginan siquiera los niveles de agresividad que se respiran en las redacciones de esos medios de comunicación públicos? ¿Y la calidad moral e intelectual de muchos de los periodistas que las componen? ¿Y el carácter sectario y politizado de la mayoría de ellas? ¿Y el grado de manipulación que, por lo general, está normalizado en la practica periodística de este tipo de periodismo funcionarial? ¿Y el grado de enfermedad profesional que se maneja, por poner el ejemplo más palmario, en la TV3 catalana? ¿Saben que la dependencia de estos medios de los políticos que las financian, a través de las instituciones autonómicos que sostenemos los contribuyentes, es total y absoluta? ¿Saben además que lo tienen tan interiorizado que no son capaces ya ni de darse cuenta de la perturbación democrática que esto representa?
Las televisiones autonómicas son el mayor y más clarificador símbolo del fracaso del modelo de las autonomías. Reproducen el peor modelo de la televisión pública nacional; inciden en todas las cuestiones que separan a unas comunidades de otras, hacen apología de su autonomismo y compran en general todos los mantras y las estrategias de la Agenda 2030. Porque su otro modelo a seguir es también el de la televisión que financia la Unión Europea y sus élites supranacionales, a la que se pone en muchos casos como ejemplo. Todas, gobernadas por PP o PSOE, están siguiendo el camino de TVE en mayor o menor medida.
La mayoría de estas corporaciones requieren de cambios estructurales, sus centros de trabajo están demasiado a menudo desiertos. Grandes superficies, en muchos casos alquiladas por cientos de miles al año, que dan cobijo laboral a unas pocas decenas de trabajadores presenciales y donde los espacios más visibles y poderosos son destinados a albergar los locales sindicales entre cuyas funciones, además de las ya expuestas, está la de fomentar el absentismo laboral y la protección de todo lo que tenga que ver con la ineficacia y la falta de productividad. Solares de la desinformación.
Cualquier profesional que proceda de la empresa privada y haya tenido la oportunidad de comprobarlo, ha quedado espantado ante la inoperancia de monstruosas instituciones que pagan miles de salarios públicos.
Plantillas envejecidas, grupúsculos de poder en cada una de las distintas áreas, enfrentamientos ideológicos permanentes: climas enfermizos. El bullying como norma general en la toma de decisiones y siempre desde abajo hacia arriba. El que menos manda en una televisión pública es su director. Hasta su secretaria, perteneciente a algún sindicato y en conexión permanente con el partido que la colocó, tiene más poder real que «su jefe».
Por si fuera poco, de las 17 televisiones que reciben dinero de los gobiernos autonómicos, 13 son directamente propiedad del Gobierno autonómico y doce -de ellas- están integradas en la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Bonita paradoja, todas con estrategias autonomistas cuando no nacionalistas, pero reunidas en torno a un lobby que pretende influir y competir en el panorama audiovisual nacional y hacer fuerza común si alguien tuviera la tentación de terminar con semejante desfalco. Si van contra una, irán contra todas. Un modelo secuestrado que debe avergonzar al bipartidismo. Un modelo desesperante para cualquier profesional real y que provoca la risa cuando es contemplado por el resto de países europeos. También por muchos de nuestros pueblos hermanos en Iberoamérica.
Por eso, abrir el debate sobre la conveniencia o no de cerrar semejantes desastres empresariales era y es capital y necesario. Si no se llegase a ese extremo en la mayoría de los casos, tendrían que acometerse severos replanteamientos estructurales. A pesar de todo, profesionales capaces de afrontar estos procesos no faltan. Sólo se necesita compromiso político y determinación, lo que ha escaseado durante tantas décadas entre el bipartidismo reinante.
