El Instituto Nacional de Estadística (INE) constata un cambio acelerado en la composición demográfica de España. Según el Censo Anual de Población, cerca de 3,8 millones de residentes nacidos en el extranjero llegaron al país entre 2021 y 2024, lo que equivale a un ritmo próximo al millón de incorporaciones al año.
El desglose por ejercicios refleja con claridad esa tendencia. En 2024 se registraron 1.215.338 llegadas de población extranjera residente, frente a 1.092.735 en 2023, 887.833 en 2022 y 563.632 en 2021. En total, 3.759.538 personas nacidas fuera de España forman parte de la población actual tras haberse asentado en ese periodo.
Censo Anual de Población Variables de residencia, educativas y laborales de 2025 y 2024 @es_INE
— INE España (@es_INE) April 29, 2026
El 24,4% de los 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero llegó a España en los dos años anteriores al 1 de enero de 2025. Y el 12,8%, en el último año.
Nota de Prensa
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El propio INE subraya además la concentración reciente de este fenómeno. El 24,4% de los 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero llegó en los dos años previos al 1 de enero de 2025, mientras que el 12,8% lo hizo sólo en el último año. Es decir, casi uno de cada cuatro extranjeros se ha incorporado en un plazo muy corto.
Por nacionalidades, Marruecos continúa como principal país de origen, con 1.165.955 residentes en España. Le siguen Colombia, con 978.041, y Venezuela, con 692.316. También destacan los incrementos procedentes de Perú, Argentina y Honduras, lo que confirma el peso creciente de los flujos desde Iberoamérica y el norte de África.
Este incremento sostenido se produce en un contexto de fuerte presión sobre los servicios públicos. El acceso a la vivienda, la atención sanitaria y el sistema educativo arrastran tensiones desde hace años en distintas regiones, especialmente en grandes ciudades y áreas con alta concentración de población extranjera.
Los datos del INE no recogen salidas ni retornos, pero sí evidencian un cambio estructural en la base poblacional. La magnitud y rapidez del aumento refuerzan el debate político sobre la capacidad del sistema para sostener este ritmo, en un escenario en el que los servicios públicos ya operan al límite en numerosos territorios.
