La agresión sexual sufrida por dos niñas, de ocho y cuatro años, en una urbanización del barrio madrileño de Montecarmelo ha causado una profunda conmoción entre los vecinos. El impacto del suceso ha llevado a numerosas comunidades residenciales a adoptar nuevas y estrictas medidas de seguridad para proteger a sus familias, entre ellas, la restricción de acceso a repartidores de paquetería y comida a domicilio.
Varios conserjes han confirmado que han recibido instrucciones claras de no permitir la entrada a repartidores ni a personas ajenas a la comunidad. Al mismo tiempo, muchos padres han reconocido que ya no se sienten tranquilos dejando a sus hijos jugar sin supervisión en las zonas comunes. «Nunca piensas que algo así pueda pasar tan cerca de casa. Estamos todos en shock», comentaba una vecina.
Estas nuevas restricciones han reabierto el debate sobre el control de accesos en este tipo de barrios residenciales, donde hasta ahora era habitual que los repartidores circularan libremente hasta los portales. Aunque algunos reconocen que recoger los pedidos en la garita puede resultar incómodo, pero la mayoría considera que es una medida necesaria. «Lo importante ahora es la seguridad de los niños. Si hay que ir a por la comida, se va», afirmaba un residente.
Más allá del suceso, varios vecinos han manifestado su malestar por lo que consideran una falta de atención institucional. Denuncian una escasa presencia policial habitual en el barrio, salvo en momentos puntuales. «Cuando se trata de impedir una protesta contra el Cantón, mandan a decenas de agentes. Pero para protegernos en el día a día, el barrio está abandonado», lamentaba otro vecino.
