
Las estancias vacacionales de Pedro Sánchez en residencias oficiales han generado una factura superior a los 230.000 euros durante los últimos cinco años, sin incluir el coste de los vuelos en Falcon, el dispositivo completo de seguridad ni el propio uso del Palacio de La Mareta, en Lanzarote, según documentación oficial recopilada por El Debate.
El presidente del Gobierno ha vuelto a elegir este verano el complejo de Patrimonio Nacional para pasar varias semanas junto a su familia mientras España continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta.
Según el citado periódico, Sánchez permanecerá al menos cuatro semanas en Lanzarote, después de que decenas de miles de personas cruzaran irregularmente desde Marruecos y mientras las Fuerzas de Seguridad continúan desplegadas en la ciudad autónoma.
La polémica no se limita a la duración de las vacaciones. La documentación obtenida mediante solicitudes de transparencia refleja gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos por decenas de miles de euros, mientras Presidencia se niega a detallar en algunos casos quiénes acompañaron al presidente o cuál fue el destino concreto de determinadas partidas.
La estancia más cara de las detalladas por Presidencia corresponde a agosto de 2021. Entre el 4 y el 20 de aquel mes, las vacaciones de Sánchez en La Mareta generaron, según los documentos publicados, un gasto de 84.505 euros. La factura incluía 33.312 euros en locomoción, 27.902 en manutención, 22.385 en alojamiento y otros 905 euros en mantenimiento.
Un año antes, la estancia entre el 5 y el 14 de agosto de 2020 había supuesto alrededor de 13.000 euros, distribuidos entre alojamiento, manutención y desplazamientos. En 2022, las cantidades volvieron a superar los 50.000 euros, entre ellos más de 25.000 destinados a manutención. Sánchez regresó además a Lanzarote durante la Semana Santa de 2023, cuando se contabilizaron otros 11.753 euros asociados a la estancia.
Los datos correspondientes a 2025 muestran una nueva factura de 44.975 euros. De ellos, Presidencia reconoció 11.322 euros en alojamiento, 22.711 en manutención y 10.941 en locomoción, sin incluir al personal encargado de la seguridad del jefe del Ejecutivo.
La cifra resulta especialmente llamativa porque La Mareta pertenece a Patrimonio Nacional y los desplazamientos presidenciales a Lanzarote se realizan habitualmente mediante aeronaves oficiales.
El Debate sostiene que, sumando los distintos periodos vacacionales documentados, la factura supera los 230.000 euros, mientras otros conceptos relacionados con los viajes y la seguridad quedan fuera del cálculo.
Uno de los principales frentes abiertos afecta a quién disfruta de las instalaciones junto al presidente a costa de recursos públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno requirió a Presidencia una relación de las personas invitadas a la residencia y la razón de su permanencia.
Moncloa, sin embargo, sostiene que no dispone de un registro de las visitas privadas realizadas al denominado «domicilio familiar» del jefe del Ejecutivo y argumenta que esa información pertenece a su esfera personal. La respuesta ha generado un conflicto con los abogados que reclaman esa documentación, que consideran que existe un interés público cuando la presencia de invitados implica gastos sufragados por las arcas del Estado.
Presidencia también ha invocado motivos relacionados con la seguridad nacional y la protección de datos personales para no facilitar determinada información reclamada sobre las estancias.
Los más de 230.000 euros tampoco representan necesariamente el coste total para el Estado. El cálculo difundido no incluye el coste operativo de los vuelos oficiales en Falcon, ni todas las dietas y desplazamientos del dispositivo encargado de proteger al presidente y a su familia.
En anteriores vacaciones se han movilizado decenas de agentes de la Guardia Civil hacia Lanzarote para reforzar la protección del complejo presidencial. Moncloa ha confirmado asimismo en documentación anterior que Sánchez se desplazó en aeronaves oficiales acompañado por su mujer, Begoña Gómez, sus hijas y el correspondiente dispositivo de seguridad.
Estos medios forman parte de los recursos asignados institucionalmente a la Presidencia, aunque su utilización durante periodos privados de descanso lleva años generando una disputa política y jurídica sobre el grado de transparencia que debe exigirse al Gobierno.
La nueva estancia llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la entrada masiva registrada a finales de julio, con Fuerzas de Seguridad reforzadas, centros de acogida sometidos a una enorme presión y una batalla política abierta sobre el control fronterizo y el reparto de menores extranjeros no acompañados.
La Audiencia Nacional ha solicitado además informes para determinar si existen indicios de diferentes delitos relacionados con la entrada masiva, a raíz de una denuncia presentada ante los tribunales. Sánchez, mientras tanto, ha mantenido su agenda vacacional y ha difundido incluso públicamente su lista musical para este verano.