La comunidad de propietarios del edificio incendiado en Campanar (Valencia) ha dado un paso decisivo para reactivar la vía judicial tras dos años de incertidumbre. Los afectados han solicitado formalmente la reapertura de la causa judicial al considerar que existen nuevas pruebas técnicas que ponen en cuestión el archivo provisional del caso.
Según informó este jueves la Asociación de Propietarios Afectados (APROICAM), el movimiento se sustenta en un informe pericial independiente presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. Dicho documento, aseguran, revela «irregularidades relevantes» que no fueron valoradas en la investigación inicial.
Entre los aspectos más llamativos, los propietarios denuncian la existencia de certificados sin validez legal relacionados con el comportamiento frente al fuego de los materiales de la fachada. En palabras de la asociación, «la documentación utilizada para acreditar el comportamiento frente al fuego de los materiales de fachada carecía de validez jurídica o estaba caducada», un extremo que, de confirmarse, podría tener graves consecuencias jurídicas.
El informe también cuestiona de forma directa la normativa aplicada durante la investigación. Según los afectados, se utilizó la NBE CPI-96, ya obsoleta en el momento del incendio, en lugar del Real Decreto 312/2005, que era el marco legal vigente. A su juicio, este error habría condicionado de manera decisiva las conclusiones del procedimiento.
Otro de los puntos clave es la clasificación del material empleado en la fachada del edificio. La comunidad sostiene que fue considerado como clase M1, cuando en realidad debería haber cumplido una categoría más exigente: Euroclase B s3 d0, lo que refuerza las dudas sobre la seguridad real de los elementos constructivos utilizados.
Además, el informe pericial introduce nuevas incógnitas sobre las pruebas recogidas tras el siniestro. Según el escrito presentado, «las muestras recogidas por la Policía Científica presentan características distintas a las declaradas en la documentación aportada», lo que abre la puerta a posibles inconsistencias en la investigación técnica.
La petición de reapertura se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite reactivar procedimientos archivados cuando aparecen nuevos indicios relevantes. En este caso, los propietarios solicitan la práctica de nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades.
Desde APROICAM insisten en que el objetivo es llegar hasta el final. «Desde APROICAM, apoyamos la solicitud de reapertura de la causa judicial con el objetivo de conocer toda la verdad, por respeto a las víctimas, a sus familiares y a todos los que perdimos nuestro hogar», subrayan.