La reforma impulsada por PSOE y Sumar para elevar a rango de ley la interpretación administrativa aplicada a la conocida como ‘ley de nietos’ no contempla, en su redacción actual, una disposición de retroactividad que permita dejar sin efecto el procedimiento abierto ante el Tribunal Supremo, según publica El Confidencial. La enmienda registrada por Sumar pretende modificar la Ley de Memoria Democrática para incorporar al texto legal la presunción de exilio que hasta ahora figuraba en una instrucción administrativa.
El Tribunal Supremo mantiene suspendidas cautelarmente determinadas altas en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a nacionalizaciones obtenidas al amparo de esta vía, a la espera de que los afectados acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados. La decisión no suspende las nacionalizaciones, sino sus efectos electorales en los términos establecidos por el alto tribunal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe pronunciarse todavía sobre el fondo de los recursos planteados contra la aplicación de la normativa y sobre la legalidad de la instrucción administrativa que amplió la interpretación de los supuestos de exilio. La Junta Electoral Central, por su parte, ya ha comenzado a ejecutar las medidas ordenadas por el Supremo y ha solicitado información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares.
La enmienda de Sumar pretende que la presunción de exilio adquiera rango legal. El texto propone establecer que se presumirá la condición de exiliado respecto de los españoles que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. También contempla que los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles puedan optar a la nacionalidad en los supuestos definidos por la nueva redacción.
De aprobarse, este cambio modificaría el marco jurídico aplicable a las solicitudes futuras. Sin embargo, la ausencia de una cláusula específica de retroactividad significa que la reforma no establece expresamente que sus nuevos criterios deban aplicarse a expedientes ya tramitados ni que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo queden automáticamente sin efecto.
El alcance temporal de la reforma resulta especialmente relevante por el impacto que la controversia tiene sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El Supremo señaló en sus autos que el incremento extraordinario de electores vinculados a la aplicación de la ley y a la instrucción posterior podía afectar a la transparencia del proceso electoral. El aumento desde las elecciones generales de 2023 supera los 400.000 electores.
La iniciativa parlamentaria introduce además un segundo debate jurídico por la vía escogida. Sumar ha incorporado la modificación de la Ley de Memoria Democrática mediante una enmienda a una iniciativa legislativa educativa. Los letrados del Congreso han cuestionado la conexión material entre la norma educativa y la modificación relativa a la nacionalidad, aunque PSOE y Sumar han permitido que la iniciativa continúe su tramitación.
