Dos oficios internos firmados en 2023 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, recogen que Justicia comunicó a los consulados que el acceso a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática no tenía un límite generacional. VOX ha presentado ambos documentos ante el Tribunal Supremo y ha solicitado que su firmante comparezca como testigo para explicar los criterios trasladados a los responsables consulares.
Los escritos, suscritos por Jorge Buxadé, abogado del Estado y vicepresidente de VOX, y avanzados por El Debate, se incorporan a la disputa judicial sobre la aplicación de la norma. La formación se opone al recurso de la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares acordadas el pasado 10 de septiembre y aporta los oficios como «hechos nuevos o de nueva noticia». Además de la declaración de Puente, reclama la comparecencia del responsable de Asuntos Consulares que recibió las comunicaciones y la entrega de las consultas que las motivaron.
El primer paso de esa interpretación administrativa aparece en la respuesta del 18 de enero de 2023. Los consulados habían preguntado si los hijos mayores de edad debían esperar a que sus progenitores obtuvieran la nacionalidad para presentar sus propias solicitudes. Tras consultar a la Abogacía General del Estado, que emitió un informe el 10 de enero, Justicia permitió admitir esos expedientes siempre que el padre o la madre hubiera solicitado previamente la nacionalidad. La tramitación del hijo debía quedar suspendida hasta la resolución del expediente del progenitor.
Esa posibilidad de presentar solicitudes sucesivas dio paso a otra cuestión: hasta qué generación podía repetirse el procedimiento. El oficio del 22 de mayo de 2023 respondió expresamente a las dudas sobre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Según el documento aportado, ni la ley ni la instrucción que regulaba su aplicación habían establecido «ningún requisito dirigido a limitar generacionalmente el ejercicio de este derecho».
Para ilustrarlo, la Dirección General describió el supuesto de una persona nacida en 1930 que adquiriera la nacionalidad al amparo de las leyes de Memoria Histórica o Democrática. Sus hijos mayores de edad, nacidos en 1950, podían acogerse también a esa vía; después podían hacerlo sus descendientes nacidos en 1970 u 1980 y, posteriormente, los de 2000. Los nacidos en 2020 quedaban fuera de esa vía concreta por ser menores de edad, según el ejemplo recogido en el oficio.
VOX sostiene que estas comunicaciones permiten conocer cómo se trasladó a los consulados la interpretación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 y qué respuestas recibieron cuando surgieron dudas sobre su alcance. Con su incorporación al procedimiento, el partido pretende que el Supremo examine esos criterios y las decisiones administrativas que permitieron encadenar solicitudes de distintas generaciones. Las nuevas declaraciones y diligencias solicitadas quedan pendientes de la decisión de la Sala.
