La ‘ley de nietos‘ ha dejado de ser sólo una norma de memoria histórica para convertirse en un asunto de primer orden electoral. La concesión masiva de nacionalidades a descendientes de españoles en el extranjero, unida al fin del voto rogado, puede alterar en los próximos años el peso del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en unas elecciones generales.
El problema político no está sólo en el número de solicitantes. Está en cómo se ha interpretado la ley, qué documentación se exige, quién la comprueba, qué papel están jugando los consulados y por qué el PSOE ha reforzado su presencia entre los nuevos españoles de Iberoamérica.
La controversia nace de una diferencia esencial. El Parlamento aprobó una vía de nacionalidad vinculada a los descendientes del exilio político de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, el Gobierno ha aplicado una interpretación más amplia que alcanza también a descendientes de emigrantes españoles por cualquier causa y desde el siglo XIX.
Esa ampliación no salió directamente de las Cortes, sino de una instrucción administrativa firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Durante la tramitación parlamentaria, las enmiendas para incluir a los descendientes de emigrantes económicos habían sido rechazadas.
Ahí se sitúa el primer reproche de fondo: una norma presentada como reparación a los exiliados ha terminado funcionando como una vía de nacionalización masiva.
Las cifras explican la dimensión del proceso. Se han registrado 2,45 millones de solicitudes; 1,2 millones de expedientes han sido presentados de forma presencial; 545.000 han sido aprobados; y ya se han practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular. La tasa de denegación se sitúa por debajo del 2 %.
No todos esos expedientes se traducen de inmediato en votos. Para llegar al CERA, primero debe resolverse la solicitud y practicarse la inscripción. Pero el potencial electoral es enorme: más de dos millones de personas podrían acabar incorporándose al censo exterior.
El CERA incluye a los españoles mayores de edad que viven de forma permanente fuera de España. Estos electores pueden votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque no en municipales.
Su peso político aumentó tras la eliminación del voto rogado. Desde 2023, los residentes en el extranjero reciben de oficio la documentación electoral y ya no tienen que solicitarla previamente al consulado. La reforma se aprobó con un consenso parlamentario casi total, incluido el respaldo del PP.
La segunda gran duda afecta a los controles. La instrucción permite acreditar la ascendencia española con una partida de bautismo cuando no existe inscripción civil del antepasado. Ese supuesto es frecuente en los expedientes que se remontan al siglo XIX, ya que el Registro Civil no comenzó a funcionar hasta 1871.
El riesgo aparece cuando esas partidas no se comprueban con los archivos emisores. Según las investigaciones citadas, varios archivos diocesanos apenas reciben peticiones de verificación por parte de los consulados. En la práctica, miles de documentos pueden servir para conceder la nacionalidad sin contraste directo con el archivo original.
El agujero se agrava en parroquias cuyos libros sacramentales fueron destruidos durante la Guerra Civil. Allí donde no queda documento original, la comprobación real se vuelve casi imposible.
Cuba concentra otro de los puntos más sensibles. Más de 350.000 personas han iniciado allí el trámite, alrededor de una de cada siete solicitudes del total. El consulado español en La Habana contrató personal a través de Palco, una empresa estatal cubana. Los principales contratos suman casi 1,4 millones de euros y estarán vigentes hasta diciembre de 2028.
La crítica es evidente: una parte del proceso en Cuba depende de documentación y personal vinculados al aparato estatal de una dictadura, en un país fuera del Convenio de La Haya para la apostilla de documentos.
También se discute la adscripción territorial del voto. Los electores CERA votan por una circunscripción concreta. En principio, se toma como referencia la última residencia en España. Si nunca vivieron en el país, se atiende al municipio de mayor arraigo propio o de sus ascendientes.
Cuando no hay forma de acreditar esa procedencia, el destino puede ser Madrid. La capital cuenta ya con 475.850 inscritos en el CERA, tras crecer un 8,4 % en un año.
El voto exterior no es irrelevante. En las generales del 23 de julio de 2023 cambió el último escaño de Madrid: el PP se lo arrebató al PSOE, los bloques quedaron empatados a 171 diputados y Pedro Sánchez necesitó el apoyo de Junts para ser investido. También hay precedentes en Vizcaya, donde el recuento posterior a la noche electoral ha alterado el reparto del último escaño.
La oposición observa además el comportamiento reciente del voto exterior. En Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, el PSOE perdió con claridad dentro de España, pero ganó el voto exterior. La coincidencia no prueba por sí sola una relación causal, pero alimenta las sospechas por el crecimiento del censo, la aceleración de los expedientes y la actividad socialista en América.
El PSOE ha reforzado su estructura exterior. En Buenos Aires, la entonces secretaria de Estado Pilar Cancela vinculó en 2023 la ampliación de derechos de los españoles residentes fuera con el apoyo electoral al Partido Socialista. «Los derechos de la ciudadanía en el exterior solamente avanzan cuando gobierna el Partido Socialista», afirmó.
El senador César Mogo, responsable del área de Exterior del PSOE, también defendió ante representantes de la ciudadanía española en el exterior que el Gobierno estaba poniendo medios para agilizar las inscripciones.