Una amplia mayoría de los españoles considera que las principales iniciativas impulsadas recientemente por el Gobierno en materia de nacionalidad e inmigración generan una notable preocupación social. Así lo refleja un sondeo de SocioMétrica para El Español, según el cual una parte muy significativa de la población muestra desconfianza tanto hacia la denominada ley de nietos como hacia el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ilegales.
Uno de los aspectos que suscita mayor rechazo es la ampliación del censo electoral derivada de la concesión de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes. El 62,8% de los consultados opina que la incorporación de alrededor de 2,5 millones de nuevos ciudadanos con derecho a voto, pese a residir fuera de España, podría influir de manera injusta en futuros resultados electorales. Además, el 63,5% cree que el Ejecutivo pretende consolidar una nueva bolsa de votantes favorable al PSOE mediante esta medida.
La Ley de Memoria Democrática abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad a los descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil por motivos de persecución política. Posteriormente, una instrucción administrativa amplió el alcance de ese criterio al considerar también exiliados a quienes emigraron entre 1936 y 1955, incluso cuando lo hicieron por razones económicas. Hasta el pasado mes de abril, el Gobierno había resuelto favorablemente más de 557.000 expedientes de los cerca de 2,6 millones de solicitudes registradas, principalmente en consulados de América Latina.
El debate también alcanza al derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero. Según la encuesta, el 67% de los participantes defiende que quienes viven de forma permanente fuera del país no deberían participar en las elecciones nacionales. Esta posición obtiene respaldo incluso entre una mayoría de votantes socialistas y de extranjeros residentes en España. Por el contrario, únicamente un 23,2% sostiene que la nacionalidad debe garantizar siempre el derecho al voto, con independencia del lugar de residencia o de si el ciudadano ha vivido alguna vez en España.
La política migratoria constituye otro de los focos de preocupación reflejados en el estudio. El 61,2% de los encuestados considera que la regularización de aproximadamente 1,2 millones de inmigrantes en situación irregular tendrá consecuencias negativas para la economía, al entender que puede incrementar la presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral. Frente a ello, el Ejecutivo mantiene que esta medida permitirá aflorar empleo sumergido, aumentar la recaudación y favorecer el crecimiento económico, una explicación que únicamente convence al 35% de los consultados.
La encuesta revela además un amplio respaldo a un endurecimiento de la política de control migratorio. El 76,5% reclama reforzar la vigilancia de las fronteras y elevar las exigencias para acceder al arraigo y a los permisos de residencia, una postura especialmente mayoritaria entre los menores de 35 años. Asimismo, tras conocerse que el proceso de regularización recibió más del doble de solicitudes inicialmente previstas, una parte importante de la ciudadanía cree que el fenómeno ha puesto de manifiesto la existencia de un número de inmigrantes irregulares superior al estimado por el Gobierno.
