La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reiterado que «hay que estudiar» la petición de indulto para José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por la trama corrupta de los ERE, pero que «no sería la primera vez» que un Gobierno concede uno de estas características.
Así, se estudiará «como cualquier otro», pero primero habrá que esperar la sentencia, ver sus fundamentos jurídicos y, además, dado que no se adopta por unanimidad, analizar los votos particulares de Susana Polo y Ana Ferrer, que a diferencia de los otros tres magistrados creen que Griñán debería haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.
«Primero tenemos que esperar a ver qué pasa con la sentencia y luego se tomará la decisión que corresponda. Es una diferencia de tres a dos», por lo que habrá que «conocer también cuáles son las motivaciones de esos votos particulares», ha respondido la ministra a preguntas de la prensa.
Además, Llop ha confirmado que la familia ha presentado al Ministerio una solicitud de indulto a la que aún «no se puede dar trámite» porque todavía no está redactada la sentencia.
Así, cuando se notifique se pondrá en marcha el expediente, que «como en todos los indultos con rigor», recabará los informes y documentos pertinentes y luego se analizará «si existen razones de justicia, equidad, utilidad pública o algún otro motivo para poder conceder los indultos», ha concluido.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado 26 de julio la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso fraudulento de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Los expresidentes y exaltos cargos andaluces idearon y desarrollaron un sistema ilegal para otorgar a discreción cientos de millones de euros -679- saltándose todas las normas.
