Los nuevos 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han jurado o prometido su cargo esta mañana ante el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela.
En el acto, que ha tenido lugar en el Salón de Audiencias, estaban presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los presidentes del CGPJ y del Tribunal Constitucional, Vicente Guilarte y Cándido Conde-Pumpido.
Entre los 20 nuevos vocales que han jurado o prometido su cargo se encuentran los magistrados del Tribunal Supremo como Ángel Arozamena y José Antonio Montero. También figuran Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del magistrado instructor del golpe separatista en del Supremo Pablo Llarena; y Esther Erice, la primera mujer que preside la Audiencia de Navarra.
Consta a su vez José María Fernández Seijo, el magistrado que planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abrió las puertas a que los jueces españoles pudieran paralizar los desahucios. Y José María Páez juez decano de Málaga.
Otros de los nuevos vocales del Poder Judicial son Juan Carlos Ortega, de la Audiencia Provincial de Logroño; José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; y Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia.
Se suman Carlos Preciado, letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; Alejandro Abascal, juez de refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y Lucía Avilés, magistrada de lo penal de Mataró.
Por el turno de juristas de reconocido prestigio llegan al CGPJ José Luis Costa Pillado, presidente del Consejo Consultivo de Galicia; Argelia Queralt, letrada del Tribunal Constitucional; y Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria.
También forman parte de este grupo, Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Supremo; Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del TS; Inés Herreros, fiscal de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática; Bernardo Fernández, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias; e Isabel Revuelta, letrada de Cortes, directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado.
