La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha desvelado que, según el testimonio de la madre de Noelia Castillo, desde el hospital se le trasladó que no podían frenar el proceso de eutanasia porque los órganos de la joven ya estaban comprometidos para trasplantes.
Estas declaraciones avanzadas por OkDiario se enmarcan en la estrategia judicial emprendida por la fundación, que representa al padre de la joven y ha presentado una querella por presunta prevaricación contra varios integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el organismo encargado de supervisar la correcta aplicación de la ley de eutanasia.
En dicho escrito, al que se ha tenido acceso, se expone que uno de los miembros del comité que autorizó el procedimiento mantiene vínculos con la Organización Nacional de Trasplantes. Según los denunciantes, este hecho, unido a la existencia de protocolos específicos para la obtención de órganos tras una eutanasia, plantea dudas sobre la imparcialidad de las decisiones adoptadas.
Asimismo, la querella sostiene que la propia Noelia habría sido sometida a pruebas para determinar su compatibilidad como donante, lo que, en opinión de la acusación, evidenciaría una conexión directa entre la aprobación de la eutanasia y la posible utilización de sus órganos para trasplantes.
Castellanos también ha apuntado a la presencia, dentro del comité evaluador, de personas vinculadas a entidades favorables a la eutanasia, como la asociación Derecho a Morir Dignamente. A su juicio, esta circunstancia refuerza la existencia de posibles irregularidades en el proceso.
En paralelo, desde la organización se afirma que la joven llegó a plantearse seguir adelante con el procedimiento, y que en ese contexto se le habría indicado que varias personas podrían beneficiarse de sus órganos. Según trasladan, la madre estuvo presente en ese momento y, tras lo ocurrido, decidió que su hija dejara constancia de su negativa a la donación.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando se obtuvieron medidas cautelares que paralizaron temporalmente la eutanasia. Fue entonces, según la versión de la familia recogida por la asociación, cuando se produjeron las mencionadas comunicaciones desde el entorno sanitario.
La presidenta de Abogados Cristianos ha insistido en que, aunque donantes y receptores no reciben compensación económica, sí existen retribuciones para los profesionales y estructuras implicadas en el proceso, lo que, en su opinión, podría generar intereses cruzados.
El caso continúa abierto en los tribunales, mientras las acusaciones planteadas por la entidad jurídica han intensificado el debate sobre los procedimientos, garantías y posibles conflictos de interés en la aplicación de la eutanasia y la gestión de trasplantes en España.
