Los agricultores españoles han exigido la suspensión inmediata del acuerdo de libre comercio con Marruecos, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que lo declara contrario al derecho internacional. Según el sector, la competencia desleal de empresas marroquíes, muchas de ellas vinculadas al rey Mohamed VI, afecta gravemente a los productos agrícolas nacionales.
En octubre, el TJUE anuló los acuerdos de pesca y agricultura firmados en 2019 entre la UE y Marruecos al determinar que no contaban con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, un requisito fundamental para su validez legal. Sin embargo, el tribunal otorgó un plazo de un año para ejecutar la sentencia, con el fin de evitar consecuencias negativas en la política exterior de la Unión, lo que ha generado preocupación entre los productores españoles.
El principal problema radica en las condiciones de producción en Marruecos, que, según los agricultores, son claramente ventajosas frente a las estrictas normativas europeas. «El jornal diario en Marruecos es de unos ocho euros, mientras que aquí el coste de la hora alcanza los diez euros», señala Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Este desequilibrio es especialmente evidente en productos como el tomate y la judía verde, donde los costes de mano de obra representan la mitad del total de producción, según adelanta El Debate.
Otro factor relevante es la normativa fitosanitaria más permisiva en Marruecos, que permite el uso de productos químicos prohibidos en Europa para combatir plagas, otorgando a los productores marroquíes «más herramientas para competir». Además, el marco fiscal también favorece al país africano, permitiendo a las empresas operar en condiciones fiscales más ventajosas.
Esta situación se remonta a los años setenta, cuando el rey Hassan II introdujo una exención fiscal de facto en el Sáhara Occidental para fomentar el asentamiento de los saharauis. Sin embargo, esta medida terminó beneficiando principalmente a empresas extranjeras, especialmente francesas y españolas, que aprovecharon estas ventajas fiscales para operar incluso fuera del territorio saharaui.
En las últimas décadas, empresas hortícolas han comenzado a explotar tierras alrededor de Dajla, antigua Villa Cisneros, debido a las condiciones climáticas ideales para el cultivo de tomates, melones y cítricos. Estas explotaciones, gestionadas en su mayoría por trabajadores procedentes de otras regiones de Marruecos, han reducido la presencia de saharauis en la zona, una estrategia que, según el informe «Derechos humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental» elaborado por COAG y Mundubat, responde a los intereses del Gobierno marroquí.
Los agricultores españoles advierten que el tiempo que se ha concedido para aplicar la sentencia del TJUE solo prolonga una situación de «competencia desleal», que afecta directamente a la sostenibilidad de su producción y a la viabilidad económica del sector.
