Los compañeros de Jerónimo J. M. y Germán P. G., los dos guardias civiles fallecidos en Huelva durante una persecución a una narcolancha, habían advertido hace casi un año del grave peligro que asumían los agentes del Servicio Marítimo en este tipo de operaciones. Un informe elevado a los mandos de la Guardia Civil alertaba de que los medios navales empleados no reunían las condiciones mínimas de seguridad para enfrentarse a las redes del narcotráfico, según informa ABC.
El escrito, enviado a finales de agosto de 2025 al órgano de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil, recogía la preocupación de agentes del Servicio Marítimo por el riesgo operativo al que estaban expuestos de forma reiterada. El documento advertía de que esa situación podía derivar en lesiones físicas, psicológicas o incluso poner en peligro la vida de los propios guardias civiles.
La tragedia se produjo el pasado viernes en aguas de Huelva, durante una operación marítima contra el narcotráfico. Dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron mientras perseguían una narcolancha a entre 60 y 80 millas de la costa onubense, en aguas comprendidas entre Punta Umbría y Mazagón. Murieron dos agentes y otros dos resultaron heridos.
El informe interno, adelantado por ABC, señalaba que en múltiples intervenciones contra embarcaciones utilizadas por redes de narcotráfico se estaban usando medios navales que «no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias». Los agentes denunciaban el empleo de lanchas semirrígidas de aluminio, sin cabina, sin visores nocturnos, sin medios no letales y con dotaciones reducidas a sólo dos guardias.
Frente a esos medios, las organizaciones criminales utilizan narcolanchas de hasta 16 metros, con cuatro motores de gran potencia y tripuladas por varios individuos, en ocasiones armados o con actitud hostil. El documento advertía de que, en caso de abordaje, un guardia civil podía quedar sólo frente a varios delincuentes, una situación que calificaba como un riesgo personal inaceptable.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado tras la muerte de los agentes que «la Administración tenía las advertencias sobre la mesa» y las ignoró. La asociación sostiene que lo ocurrido no puede tratarse como un accidente imprevisible, sino como la consecuencia de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración.
Los agentes también alertaban de demoras en la activación de medios más adecuados, como patrulleras rápidas, sujetas a autorizaciones verbales que podían retrasar la intervención durante horas. El informe añadía otro elemento especialmente grave: los grupos criminales utilizan canales públicos, como grupos de Telegram, para conocer en tiempo real la ubicación de patrulleras y dispositivos policiales.
Para corregir esta situación, los guardias civiles reclamaban una evaluación específica del riesgo laboral, una dotación mínima de cuatro efectivos por unidad, limitaciones al uso de embarcaciones sin protección en escenarios hostiles, visores nocturnos, cabinas o pantallas de protección y medios disuasorios no letales.
AUGC también ha señalado que la Comandancia de Huelva opera con un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica, unos 300 guardias civiles menos de los que debería tener, y con menos efectivos especializados en lucha antidroga que otras zonas especialmente golpeadas por el narcotráfico. La asociación exige desde hace años el reconocimiento de la profesión de riesgo para guardias civiles y policías.
La muerte de Jerónimo y Germán reabre la herida de Barbate, donde otros dos guardias civiles murieron en febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha. Desde entonces, las asociaciones profesionales denuncian que la respuesta institucional ha sido insuficiente y que los agentes continúan enfrentándose a redes criminales cada vez más violentas con medios limitados.
La ausencia de Pedro Sánchez y de Fernando Grande-Marlaska en el funeral de los dos agentes ha aumentado el malestar entre los compañeros y las asociaciones profesionales. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar para quién trabajaba la narcolancha perseguida.
