Casi un centenar de inmigrantes ilegales, en su mayoría procedentes de Malí, han bloqueado este lunes la entrada del complejo hotelero Costa Blanca Explorer, ubicado en el antiguo seminario de los Maristas, en Guardamar del Segura (Alicante).
Los extranjeros, acogidos en este centro desde diciembre de 2025 tras su llegada en patera a Canarias, han impedido el acceso de los trabajadores de la Fundación Cepaim, encargada de tramitar su regularización. Exigen acelerar los procedimientos administrativos y amenazan con salir a pie por la N-332 —una carretera con más de 25.000 vehículos diarios— para «visibilizar» su situación.
Según testimonios directos de vecinos recogidos por LA GACETA, la protesta, que comenzó alrededor de las 8:30 horas, generó de inmediato alarma en la zona. Efectivos de la Guardia Civil de Guardamar, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y la Policía Local tuvieron que intervenir para negociar con los representantes de los inmigrantes ilegales. Finalmente, el bloqueo se disolvió de forma pacífica, pero los extranjeros advirtieron que repetirán la acción si no se resuelven sus demandas.
«Esto ya no es un centro de acogida, es un polvorín. Llevamos años viendo cómo llegan grupos de inmigrantes ilegales y la convivencia se deteriora. Ahora se encierran aquí y bloquean la entrada como si el pueblo fuera suyo», afirma un vecino de La Marina que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. Otro residente, con familia en la zona, va más allá: «Después de lo que pasó con la trabajadora de la limpieza en el hotel anterior, ¿cómo siguen metiendo a más sin control? Ya no salimos tranquilos ni de día. Esto no es integración, es imposición».
El episodio de hoy no es aislado. El complejo Costa Blanca Explorer, con capacidad para unos 500 alojados, se convirtió en el nuevo destino de estos inmigrantes tras los graves incidentes registrados en el hotel inicial situado en pleno centro de Guardamar. Allí, según denuncias recogidas por diversos medios y por LA GACETA en su momento, se produjeron reyertas con navajas, peleas violentas y, especialmente, una presunta agresión sexual a una trabajadora de la limpieza en el verano de 2024. Aquel caso, protagonizado por un inmigrante ilegal acogido en el establecimiento, fue recogido por este medio y terminó con el traslado de los extranjeros a las afueras para «evitar problemas».
Pese a la reubicación, la tensión no ha desaparecido. Los vecinos consultados describen un goteo constante de incidentes: robos, actitudes intimidatorias y una percepción de inseguridad que ha cambiado por completo la vida en una localidad tradicionalmente tranquila. «Antes de que llegaran estos desde Canarias, Guardamar era un sitio seguro. Ahora cualquier ruido por la noche nos pone en alerta. Y las autoridades siguen hablando de ‘integración’ mientras nosotros pagamos las consecuencias», relata otro vecino.
El modelo de acogida implantado en Guardamar —único municipio de la Vega Baja que acoge a este volumen de inmigrantes ilegales— sigue el patrón habitual a través de traslados desde Canarias para aliviar la saturación de los centros insulares, externalización a través de fundaciones y hoteles reconvertidos, y una tramitación administrativa que los propios inmigrantes ilegales consideran demasiado lenta. Muchos de ellos cuentan con protección internacional o están en fase de regularización, pero eso no impide que el centro funcione como un foco de conflictividad recurrente.
Este último bloqueo, con amenaza de marcha por una vía de alta capacidad, pone de manifiesto una vez más los límites del sistema actual de acogida. Mientras el Gobierno central presume de regularizaciones masivas, en localidades como Guardamar del Segura los residentes ven cómo su día a día se ve alterado por decisiones tomadas lejos de sus calles.
