Según una misiva interna de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional —dirigida a las diferentes unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales—, a la que ha tenido acceso LA GACETA, las denuncias por pérdida de pasaportes y documentación continúan disparándose entre los solicitantes del proceso de «regularización» masiva. Los incrementos más exponenciales se registran entre pakistaníes, argelinos y marroquíes.
Esta misiva, que acompaña una comunicación anterior ya publicada en febrero de este mismo año, alerta específicamente del riesgo en materia antiterrorista, al señalar que los perfiles que acumulan mayor número de estas denuncias coinciden con aquellos sobre los que ya existen vinculaciones o antecedentes en investigaciones relacionadas con terrorismo islamista. El documento interno ordena a todas las unidades extremar las verificaciones de identidad y antecedentes en estos expedientes ante la imposibilidad de contrastar con plena fiabilidad la identidad real de los solicitantes.
Fuentes policiales consultadas por este medio advierten que este fenómeno se produce en un contexto de máxima alerta para la seguridad nacional. España mantiene desde hace años el nivel 4 de alerta antiterrorista. En 2025, según balances oficiales del Ministerio del Interior elaborados con datos policiales, se registraron más de 100 detenciones por yihadismo en territorio nacional, la cifra más alta desde los atentados del 11-M.
Los agentes recuerdan que la Policía Nacional ya había emitido advertencias específicas sobre posibles vías de infiltración. En enero del año pasado, un informe interno de la Comisaría General de Información alertó del riesgo de que terroristas islamistas pakistaníes pudieran aprovechar la ruta migratoria de Canarias. Esa preocupación se materializó en marzo de 2025 con la desarticulación en Barcelona de una célula conectada a la filial ISKP de ISIS, en la que fueron detenidos varios pakistaníes adscritos a la organización.
En el terreno operativo, la Policía ha desarticulado en los últimos años varias células yihadistas cuyos miembros accedieron al país por las vías de la inmigración ilegal. Entre ellas destaca la Operación ARBAC, que permitió desmantelar una célula de Jund al-Khilafah in Algeria (JAK-A) cuyos integrantes habían llegado en patera desde Argelia. Más recientemente, en abril del pasado año, la Policía Nacional detuvo en la prisión de Soria a un argelino ya condenado por tráfico de seres humanos que, según el atestado, se encontraba radicalizado en postulados de Daesh, adoctrinaba a otros internos y planeaba acciones violentas.
Por otro lado y con respecto a los nacionales de Marruecos, los agentes consultados destacan que durante más de una década, los balances internos del Ministerio del Interior han situado a nacionales marroquíes (por nacionalidad o lugar de nacimiento) entre el 40% y el 50% de los detenidos por terrorismo islamista en España.
La misiva interna consultada por LA GACETA subraya que la coincidencia entre el aumento sostenido de denuncias por pérdida de documentación y el proceso de regularización genera «una preocupación operativa concreta». La comunicación advierte que «la verificación rigurosa de identidad se ve comprometida», lo que “eleva el riesgo de que perfiles vinculados al terrorismo islamista puedan obtener documentación legal sin los controles habituales».
La Policía Nacional continúa exigiendo en sus protocolos internos que ninguna denuncia de pérdida sea aceptada sin una investigación previa exhaustiva que confirme la identidad del solicitante y descarte riesgos para la seguridad nacional. En los próximos meses, los informes de antecedentes que proporcione la Policía serán determinantes para miles de expedientes de regularización. Los datos y alertas procedentes de la propia Policía Nacional ponen de manifiesto la complejidad de compatibilizar un proceso de regularización masiva con el mantenimiento de un alto nivel de amenaza terrorista. La verificación de identidad no es, según las fuentes policiales, un mero trámite administrativo, sino “un elemento central para proteger la seguridad interior del país”.
