Presos extranjeros en situación de prisión preventiva por delitos graves como yihadismo, narcotráfico, agresiones sexuales o delincuencia organizada ya se han interesado por el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha adelantado Okdiario, varios internos han solicitado información sobre cómo acceder al procedimiento aprobado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La clave reside en que los presos preventivos todavía no tienen antecedentes penales firmes, por lo que podrían optar a la regularización si cumplen el resto de requisitos establecidos en el decreto. La norma excluye a quienes tengan antecedentes penales, pero permite conceder permisos incluso a extranjeros con antecedentes policiales si el funcionario encargado considera que no representan una «amenaza para el orden público».
El presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Gonzalo Arboledas, ha advertido de que la medida puede beneficiar a internos «a la espera de juicio en causas con delitos como violación, abusos sexuales, violencia de género, narcotraficantes, delincuencia organizada e incluso yihadistas«.
La medida afecta potencialmente a unos 3.600 presos preventivos extranjeros, según los funcionarios penitenciarios, que denuncian además la falta de medios para asumir esta nueva carga administrativa. «Sin haberse implementado medios materiales ni personales ni ninguna retribución económica por esta nueva carga de trabajo», señalan.
Tras la publicación del decreto, Instituciones Penitenciarias remitió una instrucción interna para facilitar el acceso de los reclusos preventivos extranjeros al proceso de regularización.
El documento ordena a los funcionarios proporcionar «información a la población interna extranjera de la existencia del nuevo real decreto», mediante anuncios en tablones, bibliotecas o escuelas de los centros penitenciarios, además de trípticos explicativos.
La circular establece además que los educadores de prisión serán los encargados de asesorar a los internos en la cumplimentación de las solicitudes, con apoyo de los juristas del centro. También se insta a garantizar apoyo lingüístico, incluso mediante otros internos que conozcan el idioma del solicitante.
Asimismo, se ordena facilitar «a la mayor brevedad posible» toda la documentación requerida por los presos que inicien el procedimiento y llevar un registro estadístico de las solicitudes cursadas y de las resoluciones adoptadas.
Fuentes penitenciarias consultadas por el citado diario aseguran que entre los internos interesados figuran presos marroquíes radicalizados, encarcelados por difundir propaganda yihadista en redes sociales, así como ciudadanos bolivianos acusados de narcotráfico que se enfrentan a penas de hasta doce años de prisión.
El proceso de regularización depende de la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), adscrita al Ministerio de Inclusión. La Policía sólo emite informes, pero no participa en la decisión final.
La UTEX debe recabar información del Registro Central de Penados, bases de datos europeas e informes policiales en un plazo de apenas quince días. Sin embargo, el propio decreto establece que la existencia de antecedentes policiales «no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».
La decisión final quedará en manos del órgano tramitador, que valorará de manera «casuística y circunstanciada» si el solicitante supone o no una amenaza para el orden público, la seguridad interior o las relaciones internacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
