Una treintena de países europeos ha acordado reforzar la cooperación para frenar la inmigración ilegal, anticiparse a nuevas crisis migratorias y combatir las redes de tráfico de personas. El pacto se ha alcanzado durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada este lunes en Armenia y cuenta con el respaldo de 33 países, entre ellos Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Suiza y Grecia. España, sin embargo, no figura entre los firmantes.
El acuerdo amplía el compromiso alcanzado en la anterior cumbre celebrada en Dinamarca en octubre de 2025, cuando un primer grupo de 16 países ya defendió la necesidad de coordinar esfuerzos contra el tráfico de personas, acelerar los retornos y mejorar la gestión migratoria en origen.
La nueva declaración incorpora por primera vez un mecanismo conjunto de vigilancia y monitoreo para compartir información actualizada sobre movimientos migratorios. El objetivo es anticiparse a desplazamientos masivos como los registrados en 2015, especialmente ante el aumento de flujos provocados por las guerras en Sudán, el Cuerno de África y Oriente Próximo.
El texto subraya que, ante estos desplazamientos, los países europeos deben prepararse mejor y coordinar su respuesta para evitar una nueva crisis migratoria. Para ello, los firmantes se comprometen a intercambiar información, reforzar la cooperación operativa y actuar contra las cadenas logísticas y financieras que sostienen a las mafias.
Una de las principales novedades es la apuesta por sancionar no sólo a los traficantes de personas, sino también a quienes les prestan apoyo logístico o financiero. El pacto busca golpear la estructura completa de estas redes, desde el transporte hasta la financiación.
Los países firmantes también reclaman nuevos acuerdos de retorno con Estados de origen y tránsito, utilizando todos los instrumentos diplomáticos disponibles para agilizar las devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa.
El documento insiste además en la necesidad de reforzar la cooperación con organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, así como de utilizar la asistencia humanitaria como herramienta preventiva para contener los flujos desde el origen.
Los líderes han defendido intervenciones específicas en los países afectados para ayudar a quienes realmente lo necesitan y, al mismo tiempo, disuadir los movimientos irregulares. También han pedido proteger las leyes nacionales e internacionales frente a abusos, para que la asistencia se dirija a los casos legítimos.
